lunes, 31 de diciembre de 2012

Diferencias entre robo y hurto. Derecho comparado España y otros paises

El Código Penal español mantiene actualmente la distinción de estos dos tipos penales.

El delito de hurto está tipificado en el artículo 234 del Código Penal y establece que será condenado como reo de hurto aquel que, con ánimo de lucro, tome una cosa mueble ajena sin consentimiento de esa persona. El delito de robo por su parte, está tipificado en el artículo 237 del Código Penal y establece que serán reos de robo los que se apoderen de cosas muebles ajenas siempre y cuando se produzcan las circunstancias de empleo de la fuerza, violencia o intimidación en las personas.

Tanto en un caso como en otro el bien jurídico protegido es el mismo y sólo se diferencian en la forma de ejecutar la acción ya que para que exista robo deben existir alguna de las circunstancias anteriormente comentadas.

Esto es lo que ocurre en España pero ¿Y en otros países?

En general, en la Unión Europea y en otros países nos encontramos con dos tendencias. Una de ellas, presente en países como Italia, Alemania o Portugal, es la de tipificar los dos delitos, estableciendo penas más graves para el delito de hurto. La otra tendencia presente en Francia o Bélgica es la que sólo se encuentra presente un delito y se establecen agravantes para endurecer la pena.
En Iberoamérica ocurre exactamente igual, existen países que tipifican los dos delitos y otros que no.

Robo y hurto en Argentina

En el  caso particular de Argentina, se tipifican los dos delitos. El hurto desde el artículo 162 hasta el 163 bis y es castigado con pena de prisión de un mes a dos años que podría pasar a ser de uno a seis año en el caso de que existan agravantes como el uso de llaves falsas.
El delito de robo se encuentra tipificado en los artículos 164 a 167 y en este caso, será castigado con penas de prisión de un mes a seis años  al que se apodere de una cosa mueble ajena empleando violencia física en las personas o fuerza en las cosas. Para el delito de robo también existen una serie de circunstancias que agravan la pena como por ejemplo el empleo de armas blancas.


Marco Esteban, abogado del bufete Esteban Abogados Penalistas, despacho altamente especializados en Derecho Penal
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domingo, 11 de noviembre de 2012

El procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante SI está vigente

Me siento afortunado. En mi corta carrera como abogado pude presenciar el nacimiento de un nuevo código de procedimiento civil que es mucho mejor que su antecesor. Y me siento aun mas afortunado porque estuve en las primeras audiencias de insolvencia de persona natural no comerciante (abreviadas comúnmente como INOC) que trajo este código a partir del primero de Octubre. El problema es que a muchos abogados no piensan de este modo ya que, aparentemente, no les conviene esta Ley.

Lo anterior lo digo porque ya he actuado en 7 de estas audiencias como apoderado de acreedores y he visto como algunos abogados, por lo general abogados de los bancos, pareciera que este procedimiento los tomó por sorpresa por el poco manejo que tienen del procedimiento. Tan es así que creen que su aplicación aun no es posible porque no ha sido reglamentada por el ejecutivo.

Cualquiera que haya leído alguna vez a Hans Kelsen y sepa algo de su pirámide, advertirá lo estúpido de esta forma de pensar y no se molestará siquiera en darle importancia. El problema es que esta forma de pensar VIENE AVALADA POR UN CONCEPTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA!.

El concepto, cuyo número es OFI12-0018822-DMA-2100 y con unos errores conceptuales tan grandes que habla de la existencia de la constitución del año 2001 y otras idioteces que de seguro hacen que el Dr. Fernando Hinestroza se esté revolcando en su tumba en este momento, indica que “no es procedente que los Centros de Conciliación acepten trámites de insolvencia de persona natural no comerciante por cuanto no se ha proferido el respectivo decreto reglamentario”.

En primer lugar, NINGUNA ley deja de aplicarse ni deja de estar vigente por el sólo hecho de faltar la reglamentación por parte del ejecutivo, ya que estaría violando el Art. 189 Num. 10 de la Constitución y le estaría otorgando facultades legislativas al Presidente. La UNICA excepción es que SEA EXPRESAMENTE INDICADO POR EL CONGRESO que la vigencia de una ley queda sometida a plazo o condición, como pasó con la Ley 443 de 1998 (ver Sentencia C-302 de 1999).

Entonces, El procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante necesita de la reglamentación para poder aplicarse? Es esta obligatoria? R:/ Si la necesita, pero no limita su aplicación. El procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante sólo requiere la reglamentación del marco tarifario (el cual ya está para sanción presidencial y se dice que saldrá dentro de poco), pero esto no es un impedimento porque el mismo Código General del Proceso así lo establece cuando habla de las tarifas. Incluso la misma ley faculta situaciones en las cuales se podrán hacer gratis estas audiencias.

Además, recordemos que ocurrió lo mismo con la Ley 640 de 2001 que también requería reglamentación del marco tarifario según lo establece su Art. 9. En ese caso la Ley entró a regir un año después de su promulgación (es decir, rige a partir del 5 de enero de 2002) y el primer decreto reglamentario de las tarifas se promulga el 11 de enero de 2002. En esos 11 días que no estuvo vigente, aparentemente se aplicó la Resolución 1771 de 1992 según se infiere de la lectura al inciso segundo del considerando.

Obviamente, todo lo anterior contradice lo que el Ministerio de Justicia estipula en el concepto OFI12-0018822-DMA-2100, el cual indica que la Ley necesita reglamentarse en tres aspectos: capacitación de quienes operarán esas audiencias, marco tarifario (del cual ya hablamos) y trámite de la solicitud.

En cuanto al primer punto por “reglamentar”, si se han leído juiciosamente el Titulo IV de la sección tercera del C.G.P sabrán que la capacitación de quienes operarán estas audiencias es una situación que parte del parágrafo del Art. 533, que establece que el gobierno dispondrá lo necesario para que los conciliadores reciban capacitación permanente sobre este procedimiento. De dicha lectura juiciosa, una persona con dos dedos de frente sabrá que la disposición de una capacitación permanente no equivale para nada a que el conciliador deba de tener un titulo adicional para conocer de este tipo de procedimiento (como parece insinuarlo el concepto del Ministerio), que son incluso más fáciles de operar que una conciliación en derecho de familia (si, las que involucran sentimientos, caprichos de las partes, desordenes psicológicos y… niños).

Entre otras cosas, que el gobierno deba disponer lo necesario para estas capacitaciones no significa que la Ley deba paralizarse a la espera de que al gobierno le de la gana de reglamentar este aspecto (que no fue señalado expresamente, además)

Como dato cultural, nótese que los hogares comunitarios del ICBF han estado vigentes desde el mismo momento de la creación de la entidad sin que el Gobierno reglamentara la capacitación de las madres comunitarias. ¿deberíamos de seguir la lógica absurda, de quienes piensan que una Ley queda suspendida por falta de reglamentación, y por consiguiente despedir a las madres comunitarias que aun no han sido capacitadas porque ejercieron dicha función bajo la Ley 89 de 1988, que no estuvo reglamentada en cuanto a la capacitación sino en el año 2012? Se imaginan el vacío legal que esto generaría?

En cuanto a la reglamentación al trámite de la solicitud, es preocupante que la funcionaria del Ministerio de Justicia sugiera la reglamentación por vía administrativa de un procedimiento de carácter judicial porque es algo que el ejecutivo no puede hacer jamás porque invadiría la orbita de poder de la Rama Judicial. Sería como si un día cualquiera el Presidente se levantara y dijera que va a reglamentar La Acción de Reparación directa sólo porque el Gobierno está perdiendo dinero con las demandas contra el Estado. Y como esta opinión tan burda la tiene un funcionario del Ministerio de Justicia, no faltará el abogado cuya carrera se basa en seguir argumentos ad verecundiam para validar sus opiniones (como lastimosamente lo hacen el 90% de los abogados, que se quedan conformes con un argumento jurídico sólo porque un magistrado o un funcionario X lo dice, aun si se trata de basura jurídica)

En segundo lugar, la funcionaria que escribió el oficio de marras aparentemente LEYÓ LA LEY EQUIVOCADA Y EN UN COTEXTO EQUIVOCADO. Es triste ver como los argumentos de quienes defienden que la INOC aun no es aplicable se basen en la misma Ley 1380 y no en el CGP. Recuerden que la Ley 1380 si requería de una reglamentación a fondo porque tenía muchos vacíos. De hecho, si visitan los antecedentes normativos del Procedimiento de Insolvencia de Persona natural no comerciante verán que el senador ponente de dicha ley, Simón Gaviria, pretendió subsanarlos al incluir apartes del Decreto Reglamentario de la Ley 1380 en el proyecto de Ley de lo que hoy sería este procedimiento INOC.

Pueden ver un ejemplo de lo anterior si comparan el Art. 5 de la Ley 1380 de 2010 con el Art, 533 del CGP:

Art. 5 Ley 1380 de 2010:

ARTÍCULO 5o. COMPETENCIA DE LOS CONCILIADORES. <;Ley INEXEQUIBLE, Sentencia C-685-11>; Tratándose de deudores personas naturales no comerciantes, la solicitud para dar inicio al procedimiento de insolvencia podrá ser presentada ante cualquiera de los Centros de Conciliación del lugar del domicilio del deudor, que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia, incluidas las Notarías y estos operarán en los términos fijados por la Ley 640 de 2001 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

Los Conciliadores en uso de las facultades conferidas por el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, conocerán de los procedimientos de insolvencia.

No obstante cuando en el desarrollo del procedimiento de insolvencia se presenten situaciones que superen las atribuciones o la competencia conferida legalmente al Conciliador, dicha situación será resuelta mediante el trámite de proceso verbal sumario de única instancia ante el Juez Civil Municipal del domicilio del deudor.

En cuanto al Art. 533 del CGP:

 

Artículo 533. Competencia para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante.

Conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

Los abogados conciliadores no podrán conocer directamente de estos procedimientos, y en consecuencia, ellos sólo podrán conocer de estos asuntos a través de la designación que realice el correspondiente centro de conciliación.

Cuando en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni notaría, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente. (negrilla añadida por el escritor)

Se infiere de la lectura de ambos artículos que la Ley 1380 establecía que TODOS los centros de Conciliación y Notarías debían estar reglamentados si querían conocer de los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante (INOC), mientras que el CGP previó que en algún momento o lugar dichas Notarías o Centros de Conciliación autorizados podrían faltar y en ese caso cualquier Notaría o Centro de Conciliación serían hábiles para conocer de este procedimiento.

En cuanto al su contexto, encontramos que la Ley 1380 era una norma independiente del CPC y establecía un procedimiento en el cual el Juez sólo entraba en acción en algunos aspectos muy puntuales y con base en el proceso Verbal del CPC. Por el contrario, el procedimiento de Insolvencia creado con el CGP nace dentro de un Código Procesal y se encuentra incluido dentro de los procesos liquidatarios, donde el procedimiento de negociación de deudas es sólo una etapa extraprocesal que debe agotarse para acudir a la jurisdicción. Esto significa que en este último caso el Gobierno, por mas que lo desee, sólo puede reglamentar aquello que el Congreso expresamente le ordenó reglamentar (tarifas) porque se trata de la Orbita directa de la Rama Judicial, que es un poder independiente del Ejecutivo.

En resumen: El procedimiento de insolvencia SI está vigente. El único aspecto pendiente de reglamentación es el marco tarifario, que no es impedimento para que los Centros de Conciliación y las Notarías no atiendan estas solicitudes, ya que de lo contrario podrían estar prevaricando al no acatar una Ley de la República sin ningún tipo de fundamento. Por el contrario, tal como ocurrió con la aplicación de la Ley 640 de 2001, el vacío legal que deja la falta de reglamentación del marco tarifario puede llenarse con el Decreto 4089 de 2007 por ser una norma vigente que regula una situación similar.

Por todo lo anterior, hago un llamado a quienes aun insisten en no aplicar este procedimiento para que se informen bien al respecto y entiendan de una vez por todas que ninguna Ley de la república debe suspenderse en su vigencia sólo porque falte un Decreto Reglamentario (salvo que la misma Ley indique expresamente que sin ese decreto no podrá entrar en vigencia) así que deje la pereza y léase la ley de una buena vez, y aplíquela.

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miércoles, 7 de noviembre de 2012

"Robots en índigo": mi nueva novela


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miércoles, 24 de octubre de 2012

Derecho Médico:"Biopolímeros en Venezuela fueron prohibidos por el Ministerio de Salud desde el 22 de Diciembre del 2011 "


The Bodie´s Gallery



En virtud de la crisis generada por los Biopolímeros y por su manifiesta gravedad hemos considerado pertinente reproducir esta información de la Agencia Efe Venezuela donde con una claridad meridiana se puede observar de primera linea el problema grave que significa el uso de Biopolímeros y la Ratio Iuris que llevo al Ministerio de Salud a prohibir su uso mediante comunicado de fecha 22 de Diciembre del 2011,en nuestro criterio es el más veraz, el que refleja las consecuencias y el que toca la causa de fondo que ha generado esta grave crisis, en definitiva es crudo pero es muy cierto.


Cordiales, Saludos !!!!


Dr: Gilberto Antonio Andrea González

ABOGADO-U.C.A.B.



Biopolímeros son "mucho más graves" que los implantes PIP


Nélida Fernández agencia efe 14-01-2012

fuente: http://www.globovision.com/news.php?nid=215224


Miles de mujeres en todo el mundo viven con angustia su decisión de haberse puesto las prótesis mamarias PIP, pero las consecuencias de las malas prácticas en procedimientos estéticos van más lejos en Venezuela, donde el uso de implantes de biopolímeros han llegado a causar la muerte de pacientes.Medios locales reportaron al final del año pasado la muerte de al menos tres personas por la colocación de inyecciones de biopolímeros, una sustancia que se utiliza para hacer correcciones estéticas en distintas partes del cuerpo, y que ha sido prohibida por las autoridades por sus consecuencias negativas a la salud.El no ponerse en manos de verdaderos especialistas en el manejo de este tipo de prácticas ha dejado cientos de afectadas más, según señaló el Ministerio de Salud de Venezuela a fines de 2011, al informar de más de 800 denuncias de personas a las que les inocularon estas sustancias.María Rosa se inyectó los glúteos hace ya dos años porque una amiga le dijo que le hacía falta "más pompis". Se hizo un implante pero hace seis meses empezó a tener molestias en la espalda y descubrió que el biopolímero había migrado hacia esa zona.Desde entonces ha iniciado una búsqueda desesperada de médicos que puedan ayudarla."No hay especialistas que traten estos problemas que dejan los biopolímeros", dijo a Efe María Rosa, una abogada que prefirió guardar en el anonimato su nombre completo y que ahora está "muy arrepentida" de haberse hecho el implante.A raíz de la aparición de la complicación, María creó el blog noalosbiopolimeros.blogspot.com a través del que ha entrado en contacto con más de 500 personas afectadas por estas sustancias, no solo de Venezuela, sino del resto de la región.La Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica (SVCP) ha emitido alertas desde hace varios años reclamando el uso de esta mezcla "tóxica" por parte de individuos que se hacen pasar por especialistas o que se hacen llamar esteticistas y que han generado daños graves en cientos de personas."A nosotros los cirujanos plásticos no nos gusta inyectar los glúteos con esas sustancias, nosotros usamos implantes, no tenemos idea de qué fue lo que le inyectaron a estas personas, porque ninguno de estos inyectables tienen permiso sanitario", dijo a Efe la presidenta de la SVCP, Marisol Graterol.La mezcla tóxica, una vez inyectada, es casi imposible de extraer y por ello Graterol dice que cuando recibe a un paciente con estas complicaciones se lleva las manos a la cabeza pues sabe que deberá cortar la mayor parte del glúteo, sin que el drástico procedimiento impida que la infección se mantenga "de forma crónica"."Ninguno de los supuestos médicos que operaron a las personas que fallecieron están registrados en la Sociedad", aseguró la presidenta de la institución gremial.Así, tras las denuncias, advertencias y muertes, el 22 de diciembre pasado, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que anunciaba la prohibición del uso de biopolímeros en todas sus formas para tratamientos estéticos.El cirujano plástico especialista en reconstrucción mamaria Pedro Meneses dice que el problema que existe en el país con los biopolímeros es "mucho más grave" que el generado por las prótesis de seno francesas PIP pues estas sustancias son inyectadas por cualquier persona en cualquier lugar y el daño es permanente."Antes de estos tres casos de muertes ocurridas este año se conocieron otros casos fatales", asegura Meneses quien dice que este problema es de vieja data.Meneses advierte que hay personas que se someten a estos procedimientos porque se dejan llevar por otras que aún no han presentado inconvenientes con los biopolímeros, pero asegura que generalmente al año de haberse inyectado empiezan a aparecer los problemas, las migraciones de la sustancia, y las infecciones.El director del laboratorio de tuberculosis del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de Caracas, Jacobus de Waard, dijo a Efe que actualmente esta institución atiende a más de 70 pacientes con infecciones graves y "con necrosis" causadas por los biopolímeros.De Waard explica que las personas que mueren por causa de biopolímeros fueron inyectadas en vasos sanguíneos que sirven de vías para que la sustancia tóxica "migre" a los pulmones o al corazón."Cuando ya lo tienen inyectado ya no hay remedio, es muy difícil sacar este material, el biopolímero, porque se adhiere a músculos, a vasos, entonces sacarlo completamente es prácticamente imposible", dijo De Waard."Solo se puede rezar y esperar que no pase nada", añadió.
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viernes, 14 de septiembre de 2012

La Audiencia no ve delito de coacciones en la disputa de una propiedad

Dos vecinos de la localidad murciana de Cieza entraron en disputa por la propiedad de una finca, de la que ambos se consideran dueños. Uno de ellos acusó al otro de haber roto el candado de entrada a la finca y procedió a denunciarlo ante el Juzgado por un supuesto de delito de daños y coacciones.

El Juzgado de Instrucción de Cieza procedió, ahora hace un año, a archivar provisionalmente la causa, considerando que existían dudas sobre la propiedad de la zona que había sido objeto, de la atribución de las acciones que constituyen un hecho reprobable.

Para la Audiencia Provincial de Murcia este hecho no es constitutivo de delito y confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción que finalmente remitía a los implicados a la jurisdicción civil.

El delito de coacciones en el Código Penal
Según el artículo 172 del Código Penal, son constitutivos de un delito de coacciones, las acciones que impiden que una persona haga lo que la ley no le prohíbe hacer haciendo uso de la violencia física o psíquica y sin esta legítimamente autorizado. . También se considera coacción, obligar a una persona lo que no desea independientemente de que sea injusto o no.
El delito de coacciones se encuentra castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 6 a 24 meses dependiendo de la gravedad y de los medio empleados.
Cuando la coacción tenga como objetivo impedir ejercer un derecho fundamental o el legítimo disfrute de la vivienda, el castigo será pena de prisión en su mitad superior.

Marco Esteban, abogado penalista
www.abogado-penalista.es

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martes, 21 de agosto de 2012

Derecho Médico : Asociación de Mujeres Afectadas por Biopolimeros de Venezuela (ASOMUBIOVEN) eligió como su Grupo Legal de Consultoria a Andrea De León, Abogados Consultores: Bienvenidas!!!!



"...Dr: Gilberto Antonio Andrea González ABOGADO U.C.A.B. de la Firma de ABOGADOS Andrea De León, Abogados Consultores en compañia de las afectadas y de la Junta Directiva de ASOMUBIOVEN su Presidenta Ketty Vargas y su Tesorera Ana Maria Peréz Osorio..."


El día de hoy hemos recibido la visita de la Asociación de Mujeres Afectadas por Biopolimeros de Venezuela (ASOMUBIOVEN) a través de un nutrido grupo de Afectadas que han elegido a Andrea De León, Abogados Consultores para hacer la función de Consultoria Jurídica de dicha Asociación Civil, en tal sentido les damos la más cordial Bienvenida y les deseamos desde ya éxito en la Defensa de los Derechos de las Afectadas por Biopolimeros en Venezuela, su PRESIDENTA Ciudadana Ketty Vargas y su TESORERA Ciudadana Ana María Perez Osorio nos manifestaron su decisión de manera expresa y nos señalaron que su objetivo principal es contar con la asistencia de nuestro Grupo Profesional para recorrer de la manera más acertada posible el largo camino que se les presenta para lograr que el problema de los Biopolimeros sea debidamente atendido en nuestro País, muchas de sus afiliadas ven sus Derechos fundamentales a la Salud y a la Vida amenazados por la falta de respuestas concretas a su grave situación , según su criterio han elegido a nuestra Firma de Abogados después de estudiar y analizar los últimos casos de Derecho Médico llevados a adelante por nosotros , entre los que destacan principalmente Amparo Constitucional a la Salud y a la Vida otorgado contra dos Importantes Operadoras de Salud del País en ocasión de un paciente seriamente afectado por Tumor Cerebelal , más recientemente el sonado caso de las P.I.P. donde participamos con el Amparo Constitucional a la salud y a la vida a favor de Adriana Alejandra Zorrilla González y la Adhesión a la Acción Técnica ejercida por la Defensoria del Pueblo por ante la Sala Constitucional donde representamos los Intereses de la Asociación de Mujeres Venezolanas afectadas por protesis Poly Implant Prothese conocida por sus siglas ASOMUVENAPIP.

Cordiales, Saludos !!!!

Dr: Gilberto Antonio Andrea González
          ABOGADO-U.C.A.B.
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lunes, 23 de julio de 2012

"El unicornio del bosque de las mariposas" mi nueva novela, dedicada al mundo del derecho y la justicia



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miércoles, 4 de julio de 2012

La nueva guerra colombiana:¿De la República al Imperio?

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lunes, 14 de mayo de 2012

La legislación minera en México con el Mtro Jorge Peláez Segunda Parte

Segunda parte del video en el que platicamos sobre la legislación minera en México con el Maestro Jorge Peláez, ojalá sea del agrado de la comunidad
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La Legislación Minera en México con el Mtro. Jorge Peláez

En el Proyecto Grado Cero hemos decidido transitar, pese a los limitados recursos a algo que pueda proponer un mejor sistema de acercamiento a América Latina, en esta ocasión platicamos con el Mtro Jorge Peláez sobre la legislación minera en México.
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miércoles, 18 de abril de 2012

¿Que es Proyecto Grado Cero?


Desde hace un poco más de un año hemos empezado un proyecto, de estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM,  este proyecto tiene como finalidad difundir otra posibilidad de ver el discurso jurídico, de invitar a la crítica, de unir el pensamiento jurídico latinoamericano, en otras palabras de tranformar la forma en que vemos y pensamos el Derecho, particularmente en los estudiantes e investigadores del Derecho.

Y es que el Internet es el medio idóneo para poder difundir y transformar las ideas, y ha hecho de que hoy sean seis podcast los que se transmiten con diversas temáticas y que son trasnmitidas desde un espacio emblemático del pensamiento jurídico mexicano, la Antigua Escuela de Jurisprudencia, los podcast son:

1. Procrastinando. Un programa de Filosofía del Derecho en el que un servidor y un grupo de alumnos entrevistamos a distintos investigadores así como analizamos diversas corrientes de pensamiento, en este podcast hemos contado con pensadores como Diego Valadés, Brian Bix, Luiggi Ferrajoli, Manuel Atienza, Rodolfo Arango, entre otros importantes pensadores, se puede encontrar en http://procrastinando.podomatic.com o en su blog http://procrastinando-derecho.blogspot.com. Es importante mencionar que este podcast en su poco más de un año no ha dejado de estar en los primeros diez lugares del apartado de Filosofía en ITunes México

Ultima Instancia, un proyecto experimental en donde proponemos otra forma de aprender el derecho, por vía del análisis de sentencias, sentencias de diversos tribunales de América y del análisis de figuras procesales, este podcast puede ser hallado en http://ultimainstancia.podomatic.com o en su blog http://instanciaultima.blogspot.com

Hommo Politicus, un proyecto  en consonancia con alumnos de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales en el que hablamos de Filosofía, Teoría y Ciencia Política, conversando sobre temas de punta en el escenario político con especialistas este podcast puede ser hallado en http://hommopoliticus.podomatic.com y en http://hommo-politicus.blogspot.com

A pie de página, podcast en el que hemos venido analizando episodio a episodio la historia de la filosofía del Derecho y del Estado, analizando desde el pensamiento Griego hasta Marx, donde nos encontramos en esta semana, también acompañados de especialistas de varias universidades que nos ayudan a dirigir nuestros temáticashttp://apiedepagina.podomatic.com y en su blog http://apiepagina.blogspot.com

Ius Animalium un podcast que preocupados por el Derecho de los Animales y el Ambientalismo, en el que nos han acompañado teóricos y defensores del medio ambiente y derechos de los animales a nivel global, nos pueden hallar en http://iusanimalium.podomatic.com y en http://iusanimalum.blogspot.com

Imaginaria Jurídica, el arte no podía escapar de nuestra perspectiva de ahí que acompañados de escritores, estudiosos de la literatura y el cine veamos al arte con mirada crítica buscando ver que ofrecen y que mensajes podemos extraer, nos pueden hallar en http://imaginariajuridica.podomatic.com y en su bloghttp://imagianriajuridica.blogspot.com

Por última  revista que ha implicado un gran esfuerzo por conjuntar a pensadores de america latína y de méxico, se llama Revista Proyecto Grado Cero, esta se imprime y se publica en línea y puede ser ubicada en la página del proyecto http://proyectogradocero.com y en http://issuu.com/ultimosensalir/docs/revistagrado0_1

Todos los podcast son también difundidos con aceptación en el portal de ITUnes, buscando simplemente por el nombre del podcast. Así como que todos con el nombre del podcast pueden ser encontrados en su respectivo portal de Facebook

Ojalá quisieran ayudarnos a difundir este proyecto en el que repito, si bien hemos tenido apoyo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la fortaleza del mismo tanto económica como laboral deriva de la sola voluntad de los compañeros alumnos y de tres maestros que hoy siendo un total de 50 personas queremos cambiar el mundo, empezando por aquello que conocemos, el Derecho, queremos conocer América en su pensamiento, ojalá nos puedan apoyar, ojalá
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miércoles, 4 de abril de 2012

Derecho Constitucional: " Juez Superior Décimo de la Ciudad de Caracas D.C.ordena la Celebración de Audiencia Constitucional en el caso de las Protesis Poly Implants Prothese (P.I.P.)"






REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL

JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXPEDIENTE N° 6.286

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 15.665.159, representada judicialmente por los abogados GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZÁLEZ y EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 37.063 y 35.336 respectivamente.

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., inscrita ante el Registro mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 12 de junio de 1986, bajo el Nº 72, Tomo 67-A-Pro., representada judicialmente por los abogados JUSTO OSWALDO PÁEZ PUMAR, JORGE NERI BONILLA, ROSEMARY THOMAS R., DIEGO ZABALA CARRILES, MARÍA GENOVEVA PÁEZ PUMAR, CRISTHIAN GEOVANNY ZAMBRANO VALLE y JOSÉ RAFAEL GABALDÓN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 644, 56.153, 21.177, 85.218, 85.558, 90.812 y 167.013 respectivamente; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS “MULTIMED” C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de junio de 1986, bajo el Nº 76, Tomo 67-A-Pro., representada judicialmente por los abogados CARLOS EDUARDO ACEDO SUCRE, CARLOS I. PAÉZ PUMAR, VICTORIA CÁRDENAS, DAILYNG AYESTARÁN DIEGO LEPERVANCHE ACEDO y GABRIEL ALTUVE ALVILEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 19.654, 72.029, 124.619, 129.814, 118.753 y 137.211 respectivamente; FARMACIA LOCATEL C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de febrero de 1994, bajo el Nº 46, Tomo 47-A-Segundo, en lo sucesivo “Farmacia Locatel”, la cual absorbió la empresa Locatel Servicios C.A.(antiguamente Locatel Servicios S.R.L.), representada judicialmente por los abogados ALFONSO GRATEROL JATAR, MARÍA DEL C. LÓPEZ LINARES, ESTEBAN PALACIOS LOZADA, ALFREDO BORJAS MENESES y GABRIEL ALTUVE ALVILEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.429, 79.492, 53.899, 146.815 y 137.211 respectivamente; LOCATEL FRANQUICIA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito federal y estado Miranda, en fecha 18 de marzo de 1997, bajo el Nº 37, Tomo 131-A-Sgdo., representada judicialmente por los abogados ALFONSO GRATEROL JATAR, MARÍA DEL C. LÓPEZ LINARES, ESTEBAN PALACIOS LOZADA, ALFREDO BORJAS MENESES y GABRIEL ALTUVE ALVILEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.429, 79.492, 53.899, 146.815 y 137.211 respectivamente.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL (APELACIÓN).

Cumplido el trámite administrativo de sorteo de expedientes, correspondió a este tribunal superior el conocimiento de la presente causa a los fines de decidir el recurso de apelación interpuesto el 2 de febrero del 2012 por los abogados GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZÁLEZ y EMILIA DE LEÓN ALFONSO DE ANDREA, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ, contra la audiencia oral y pública celebrada el 1º de febrero del 2012 y contra la sentencia publicada el mismo día, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró terminado el procedimiento y por ende desistida la acción de amparo constitucional.

Oído el recurso en un solo efecto mediante auto del 7 de febrero del 2012, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor de turno, de donde se recibió el 09 de febrero del 2012, dejándose constancia de ello en fecha 13 de febrero de ese mismo año.

Por providencia del 15 de febrero del 2012 se le dio entrada y se fijó un lapso de treinta días consecutivos siguientes a dicha data para dictar sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Encontrándonos dentro de la oportunidad procesal para sentenciar, este juzgado pasa a hacerlo de acuerdo con el resumen descriptivo, razonamientos y consideraciones que se exponen a continuación:

DE LA ACCIÓN DE AMPARO DEDUCIDA

Se inició el presente procedimiento en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta el 6 de enero del 2012 ante el Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, por la ciudadana ZORRILLA GONZÁLEZ ADRIANA ALEJANDRA, asistida por los profesionales del derecho ANDREA GONZÁLEZ GILBERTO ANTONIO y DE LEÓN ALONSO DE ANDREA EMILIA, correspondiendo el conocimiento de la causa al Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

La parte presuntamente agraviada, ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ alegó en su escrito de amparo los siguientes hechos relevantes:

Que tiene alojadas en el nivel pectoral en un bolsillo submuscular, dos (2) prótesis “Poly Implants Protesés”, las cuales se denominan implantes P.I.P., y que las mimas podrían resultar ser una bomba de tiempo que acabarían con su vida, o afectar gravemente su salud; y que para evitar que eso ocurra debe ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente.

Que se hace necesario que el mismo médico que le coloco las mencionadas prótesis sea quien las retire, porque es quien conoce sus condiciones especiales como paciente y las variables que hubo de tomar en su caso, luego manifiesta que la operación le debe ser practicada por un cirujano plástico de gran experiencia dada la ubicación peculiar de dichas prótesis.

Que la agencia de productos sanitarios francesas ha determinado que dichas prótesis contienen una sustancia de uso industrial, toxica y altamente lesivas para el organismo humano que pueden causar cáncer, adeno carcinoma mamario, linfoma, adeno carcinoma de pulmón y leucemia aguda mieloblastica.

Que el fundador de la empresa fabricante de los implantes mamarios P.I.P., asumió ante los investigadores que produjo un gel de silicona no homologado derivado de una formula propia y disimulado al organismo certificador, intensificándose el escándalo cuando se reveló que las prótesis contenían un aditivo para carburantes.

La denunciante también manifestó que se encuentra muy afectada psicológica y emocionalmente, por lo que solicita la extracción de dichas prótesis y la colocación de unas nuevas prótesis, cuya adquisición y pago es exclusiva responsabilidad de las sociedades mercantiles demandadas.

Que por otra parte señala, que el estado venezolano está ofreciendo parte de la solución (extracción), pero sin embargo, la agraviada considera necesaria la adquisición de prótesis nuevas, lo cual no sería responsabilidad del estado venezolano, ya que dicha responsabilidad debe recaer en cabeza de quienes trajeron dichas prótesis al país, por lo tanto son ellos quienes deben responder los daños ocasionados, ya que hace falta contar con nuevas prótesis de altísima calidad.

Que la necesidad de operarse no se trata de una emergencia, sino es una urgencia, porque cada día que pasa, está sometida injustificadamente a los efectos perniciosos de una sustancia de uso industrial tóxica para el organismo humano.

Solicitó la parte presuntamente agraviada que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se decreten como medidas cautelares lo siguiente:

“1) Que prohíba expresamente el ingreso a Venezuela de las prótesis mamarias marca P.I.P., y que ordene a los médicos y clínicas venezolanas que puedan tener en inventario y una vez que se determine el inventario se ordene la confiscación de las mismas para evitar que sean objeto de “comercio” toda vez que sea determinado por la Unidad Francesa de Productos Sanitarios que dicho producto es dañino para los seres humanos por su alto grado de toxicidad.

2) Que se ordene a la Federación Médica Venezolana y a sus Miembros a que contacten a los pacientes portadores de implantes P.I.P., para descartar cualquier riesgo, que pongan en peligro la salud y la vida de los pacientes venezolanos.

3) Que ordene a las agraviantes GALAXIA MÉDICA, MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED C.A., FARMACIA LOCATEL C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL y LOCATEL FRANQUICIA C.A., a informar al tribunal sobre las cantidades de dinero generadas por la venta de prótesis modelo P.I.P., y que una vez que sea determinada la cantidad generada por la venta de dicho producto ESPUREO ordene a las mismas a depositar el doble de dichas cantidades en una cuenta bancaria que señale el tribunal a objeto de reservar dichas cantidades.

4) Que ordene a todos los Centros de Salud y Belleza de Venezuela, así como a las Clínicas Plásticas del país, informar a éste tribunal sobre las cantidades de dinero generadas por la venta de prótesis modelo P.I.P., y determinada la cantidad ordene a las mismas a depositar el doble en una cuenta bancaria que señale el tribunal para garantizar las resultas del juicio.

5) Que ordene a las demandadas a informar a este tribunal sobre la cantidad de prótesis P.I.P., que tienen en inventarios y que una vez se determine el mismo se ordene la confiscación de las mismas para evitar que sean objeto de comercio.

6) Que ordene a las agraviantes informar sobre las cantidades de dinero generadas por la venta de prótesis P.I.P., y determinada la cantidad ordene depositar el doble de dichas cantidades en cuenta bancaria que señale el tribunal, a fin de garantizar las resultas del juicio. Allí mismo solicita que dicha medida sea aplicada contra todos los que hayan comercializado las prótesis P.I.P., y hayan obtenido cualquier tipo de dividendos…”. (Copia textual)

Como fundamentos de derecho invocó lo dispuesto en los artículos 27, 43, 46 numeral 3º, 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y 1, 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Finalmente, solicitó que se restablezca la situación jurídica infringida y en tal sentido que: 1) Se ordene a las agraviantes a adquirir las nuevas prótesis mamarias de altísima calidad y seguridad biológica comprobada, a los fines de la cirugía reparadora que se debe realizar la agraviada. 2) Que las agraviantes asuman el pago de los gastos que por terapia intensiva e insumos médicos se generen. 3) Que asuman la totalidad de los gastos médicos por extracción de implantes P.I.P., por colocación de implantes nuevos de altísima calidad y seguridad biológica certificada, y que las agraviantes coordinen con el cirujano plástico de la presunta agraviada la entrega de los nuevos implantes.

En fecha 13 de enero del 2012 el Jugado a quo, admitió en cuanto ha lugar en derecho el amparo presentado por la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ, asistida por los abogados GILBERTO ANTONIO ANDREA GONÁLEZ y EMILIA DE LEÓN ALONSO de ANDREA, y ordenó librar boletas de notificación a las partes presuntamente agraviantes y oficiar al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Cumplidas las notificaciones de ley, se fijó la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia constitucional.

El día 1º de febrero del 2012, a las 8: 45 a.m., tuvo lugar el acto oral y público de audiencia constitucional, en el cual se dejó constancia de la no comparecencia de la parte quejosa ni su representación judicial, el tribunal de la causa declaró desistida la presente acción de amparo, levantándose la correspondiente acta en los términos transcritos a continuación:

“…se anunció dicha audiencia a las puertas del tribunal por el ciudadano Javier Rojas, Alguacil adscrito al alguacilazgo de este circuito judicial, el Tribunal deja constancia que la parte presuntamente agraviada ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ (…) no compareció a la presente Audiencia Constitucional, por si ni por medio de su apoderado judicial. Así al llamado se hicieron presente, por la sociedad mercantil “GALAXIA MÉDICA, C.A.”, los abogados DIEGO ZABALA CARRILES CRISTHIAN GEOVANNY ZAMBRANO y MARÍA GENOVEVA PAEZ-PUMAR LINARES (…) por la sociedad mercantil “MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A.”, compareció la abogada VICTORIA CARDENAS SOCORRO (…) por “LOCATEL SERVICIOS, S.R.L,” y FARMACIA LOCATEL C.A., los abogados GRATEROL JATAR ALFONSO y MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ LINARES,(…) y por la sociedad mercantil LOCATEL FRANQUICIA C.A., comparecieron los abogados PALACIOS LALZADA ESTEBAN y GABRIEL ENRIQUE ALTUVEZ AVILEZ, (…) Empresas estas señaladas como presuntas agraviantes en la solicitud de amparo que originó este proceso..

…Omissis…

También se hizo presente la Dra. MÓNICA ALEXANDRA MÁRQUEZ DELGADO, en su carácter de Fiscal Octogésimo Noveno (89º) del Ministerio Público con Competencia en los derechos y Garantías Constitucionales en el Área Metropolitana de Caracas y el estado Vargas. Acto seguido, el Tribunal dada las circunstancias especiales, considera prudente dejar un lapso prudencial de quince (15) minutos, a efectos de la comparecencia de la parte presuntamente agraviada. En este estado, vencido los quince minutos concedidos a la parte presuntamente agraviada, se deja constancia, que siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.), la presunta agraviada, no compareció a la presente audiencia constitucional, ni por si, ni por ante apoderado judicial alguno, dando así inicio a la presente Audiencia Constitucional. (…). En este estado la representación judicial de la sociedad mercantil “GAXIA MÉDICA C.A.”, en la persona de los abogados DIEGO ZABALA CARRILES, CRISTHIAN GEOVANNY ZAMBRANO VALLE y MARÍA GENOVEVAA PAEZ-PUMAR LINARES, presunta co-agraviante, hicieron uso de su derecho a exponer de la siguiente manera: “Solcito se declare terminado el proceso y que no se celebre la Audiencia, se declare desistido por la incomparecencia de la presunta agraviada al presente acto., de acuerdo al criterio jurisprudencial. A todo evento hago saber en este acto los alegatos de defensa nuestra representada, la cual se dedica exclusivamente a importación, comercialización y distribución de equipos médicos, durante más de diez (10) años en este País en forma eficiente, no es fabricante de ninguno de los productos que comercializa, ni se hace responsable de los productos que comercializa, según la permisología sanitaria que es otorgado por los organismos competentes para estos casos, los cuales consigno en este acto, que su representada comercializó de buena fe los productos, asumiendo que los mismos estaban garantizados, no solamente por el fabricante sino por los permisos sanitarios que avalan la garantía de los mismos (…) que el fabricante es la única responsable de los perjuicios ocasionados, o que pueda ocasionar el producto que hoy en día la presunta agraviada alega, por su calidad, ella es quien comercializó el producto. Que desde el año 2010, es conocido que en Francia se conoce el incremento en las rupturas de las prótesis y eso lleva a que las autoridades Francesas, suspendan la comercialización de dichas prótesis, Galaxia Médica, absolutamente responsable en ese mismo momento gira instrucciones a toda su cadena a retirar del mercado dicho producto, entregando nota de crédito a favor de ellos. Que en ese sentido se deja constancia que mi representada no es responsable de la fabricación del producto, que no puede la parte presuntamente agraviada intentar una acción de amparo tratando que se le implanten unas nuevas prótesis (…) y que se le restituya a la situación a la anterior a la implantación; que la presunta agraviada lo que persigue es una indemnización económica con la presente acción de amparo (…) que no consignó ningún documento, ni factura que demuestre la compra de las prótesis en las empresas presuntamente agraviantes (…) ya que su representada se siente victima también por lo que fue sorprendido en su buena fe; (…) La sociedad mercantil “MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED C.A.”, (…) hizo uso de su derecho a exponer (…) de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Constitucional; que la presunta agraviada pretende con la acción de amparo, que se le restituya un derecho constitucional, como es el derecho a la salud y a la vida, que no ha sido violentado, ya que de acuerdo a su solicitud, lo que se evidencia que persigue es un resarcimiento económico, que su representada no lesionó ni violentó ningún derecho constitucional a la presunta agraviada, ya que no implantó ni vendió las prótesis a la accionante, ni fabrico los implantes, por lo tanto que no puede ser llamada a responsabilizarse por cualquier daño ocasionado a la solicitante en amparo (…) “LOCATEL SERVICIOS S.R.L.”, y FARMACIA LOCATEL C.A., (…) hicieron uso de su derecho a exponer de la siguiente manera: “En primer lugar quiero dejar constancia que LOCATEL SERVICIOS S.R.L. y FARMACIA LOCATEL C.A., fueron fusionados. (…) por otro lado quiero significar que la presunta agraviada no señala en su solicitud que se le haya violentado algún derecho constitucional (…) Que su representada se dedica a la importación y distribución de equipos médicos, no los fabrica, que su comercialización es realizada al detal, que la presunta agraviada no demostró que su representada le haya vendido o comercializado las prótesis (…) que su representada no vendió, no comercializó ni implantó las prótesis, asimismo en nombre de mi representada me opongo a las medidas innominadas solicitadas por la presunta agraviada (…) “LOCATEL FRANQUICIA C.A.”., (…) solicito se declare sin lugar la presente acción de amparo, en virtud de la incomparecencia de la presunta agraviada, (…) que su representada no se dedica a la importación, comercialización ni distribución de implantes de prótesis, por lo que no le vendió ni le implantó las prótesis a la presunta agraviada, (…) Así igualmente como todos mis colegas me opongo a las medidas solicitadas por la parte accionante, por cuanto no ha sido violentado derecho constitucional alguno…

…Omissis…

Seguidamente, se le concede la palabra a la representación de la Defensoría del Pueblo, quien hace uso de tal derecho de la siguiente manera: “Las prótesis de estos implantes mamarios, que ponen en riesgo la salud de estos constitucionales, ameritan un tratamiento con cautela ya que no es menos cierto que existen personas afectadas por dichos implantes, que pareciera que estamos en presencia de un problema masivo colectivo y no frente a una acción de amparo de carácter individual, mediante el proceso de amparo no es posible asumir la defensa, tanto de la agraviada como de la agraviante, en ese sentido la Defensa del Pueblo quiere dejarlo sentado, por consiguiente no es este el proceso idóneo para ello.(…) de ninguna forma puede considerarse de orden publico, ya que la misma se circunscribe a un solo sujeto, sin que los efectos de la sentencia puedan extenderse a la colectividad, por lo que reitero que no estamos en presencia de una causa que afecte el orden publico. (…) el Ministerio Público expone: “Planteada la controversia en los términos arriba señalados, es de observar (…) Con fundamento a ello, debemos considerar que la parte actora abandonó la presente acción de amparo, lo cual trae como consecuencia que sea declarado el desistimiento del mismo, de conformidad con lo establecido en la sentencia dictada `por la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de febrero de 2000, caso Mejía Sánchez con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Cabrera Romero, la cual es de carácter vinculante de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la cual se interpretaron los artículos 27 y 49 Constitucionales en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y se estableció que: “…la falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá adquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales, de materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias…”. (…) En caso de marras encuadra cabalmente en el criterio jurisprudencial antes transcrito, motivo por el cual este Juzgador se acoge al mismo por considerar en primer lugar que los derechos presuntamente violados no afectan al orden público por ser de carácter estrictamente privado (pese a la connotación que ha pretendido darle le apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada) y en segundo lugar, por la incomparecencia de la parte actora presuntamente agraviada (…) la cual no estuvo presente ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, (…) razón por la cual este Juzgado considera que la mencionada incomparecencia, tal y como expresa la jurisprudencia citada, constituye el abandono del proceso por ser la audiencia constitucional la esencia e dicha acción (…) en consecuencia, se declara DESISTIDA la presente acción de amparo. asimismo se deja constancia que el fallo definitivo será extendido por resolución separada (…) se cierra la presente acta. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman:” (Copia Textual)

Como antes se dijo el 1 de febrero del 2012 el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró terminado el procedimiento y por ende desistió de la acción de amparo constitucional, y en esa misma fecha dicto la decisión una vez finalizada la audiencia constitucional, en los siguientes términos:



“En el presente caso se observa que al momento de celebrarse la audiencia constitucional oral y pública se dejó constancia que la parte presuntamente agraviada, no compareció a la misma, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, siendo ello así este Tribunal debe realizar las siguientes consideraciones:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº 00-0010, en sentencia de fecha 01 de febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, caso: José Amado Mejía Betancourt y José Villavicencio, mediante la cual se estableció entre otras cosas el procedimiento a seguir en las acciones de amparo constitucional, se señaló:

“La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, aso (sic) en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el articulo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.”

En relación a lo antes mencionado, este Tribunal acoge dicho criterio e igualmente comparte lo señalado por el Ministerio Público, ya que en el presente caso al momento de celebrarse la audiencia constitucional oral y pública no compareció a la misma la parte accionante, ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno y visto que de la acción interpuesta no se evidencia que los hechos alegados afecten al orden publico, es por lo que este Tribunal debe declarar Terminado el Procedimiento y por ende Desistida la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

-III-

DECISIÓN

En merito de lo anterior, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Terminado el Procedimiento y por ende Desistida la Acción de Amparo Constitucional…” (Copia textual)





MOTIVOS PARA DECIDIR

De conformidad con lo establecido en la Ley respectiva y en la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, corresponde a los Juzgados Superiores conocer y decidir las apelaciones de las sentencias que dicten en materia de amparo constitucional los Tribunales de Primera Instancia.

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos la apelación fue ejercida contra la decisión que dictó el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en sede constitucional, este tribunal se declara competente para conocer y decidir el recurso en referencia. ASÍ SE ESTABLECE.-

De la revisión de la actas procesales se observa que la presunta agraviada no se hizo presente ni por sí ni por medio de apoderado alguno, al acto de la audiencia oral y pública.

En consecuencia, tal como se expuso en el segmento narrativo del presente fallo, el Juzgado de la causa declaró terminado el procedimiento y por ende desistida la acción de amparo constitucional, apegado al criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de febrero del 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, donde se estableció lo siguiente:

“…La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público…”



Posteriormente, la presunta agraviada, apeló de tal decisión y en escrito de informes presentado ante esta alzada alegó la violación de su derecho a la defensa, por cuanto el juzgado de la causa fijó la fecha para celebrar la audiencia constitucional el día 30 de enero del presente año, es decir un día antes a que tuviera lugar la apertura del año judicial, no pudiendo la misma, en virtud de ese hecho, tener acceso a los tribunales, lo que le impidió la revisión del expediente y en consecuencia no logró tener conocimiento de que la respectiva audiencia constitucional se celebraría en fecha 1 de febrero del 2011.

En este orden de ideas, este ad quem considera importante hacer mención a la Jurisprudencia patria emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de mayo del 2007, la cual establece lo siguiente:

“…Al respecto, es importante destacar que para la correcta administración de justicia, las diferentes leyes han establecido diversos lapsos procesales, que los tribunales y las partes deben cumplir estrictamente; y que sólo pueden ser sujeto de prórrogas o suspensiones cuando la misma ley así lo permita. Sin embargo, ya la Sala ha declarado que “En un Estado Social de Derecho y Justicia, como es el que preconiza el artículo 2 de la vigente Constitución, la literalidad de la leyes no puede interpretarse hacia lo irreal o lo absurdo” (sentencia N° 3.269/2002). Aceptar lo contrario, implicaría la violación de los derechos contemplados en los artículos 26 y 257 de nuestra Constitución, que garantizan el derecho de toda persona al acceso a la administración de justicia y la imposibilidad de sacrificar la justicia con base en la exigencia de formalidades excesivas.

En este sentido, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dotó al procedimiento de amparo de plazos breves que atienden al principio de celeridad, en atención al carácter urgente que reviste a la acción de amparo constitucional. Dichos plazos breves fueron concebidos en beneficio del justiciable, para que obtuviera una pronta respuesta ante la amenaza –o violación- de los derechos que le otorga el texto constitucional; y no para constituirse como un obstáculo en la realización de la justicia.

Ante esta situación, es necesario mencionar que los lapsos procesales no pueden ser ni tan extensos que constituyan un retardo en el proceso, ni tan breves que no permitan al justiciable realizar una correcta defensa de sus intereses. Así para la determinación de lo que constituye un lapso procesal razonable hay que observar su compatibilidad con criterios de proporcionalidad, pertinencia y oportunidad…” (Subrayado propio)



En la situación sub iudice, observa esta alzada que, si bien es cierto el criterio jurisprudencial esgrimido por el Juzgado de la causa establece que “la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento”, no es menos cierto que el Tribunal a quo no debió hacer un acatamiento tan literal o tan estricto de dicha jurisprudencia y menos en detrimento de los derechos constitucionales de la accionante, más aún si el día anterior a que tuviera lugar la audiencia constitucional, es decir en fecha 31 de enero del año en curso, se celebró la apertura del año judicial, hecho que además se escapa del control de la parte, toda vez que no había despacho, en ningún tribunal de la República porque los jueces debían estar presentes en dicha apertura.

En este orden de ideas, establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo siguiente:

“Artículo 26. El día 7 de enero de cada año, o el más inmediato posible, se celebrará en la capital de la República la solemne apertura de las actividades judiciales. Presidirá este acto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En el mismo día se celebrará la solemne apertura de las labores en la sede de las demás Circunscripciones Judiciales, bajo la dirección del Juez Presidente del Circuito Judicial, o en ausencia de éste, del más antiguo en la magistratura.

Los jueces, salvo por motivo justificado, están en el deber de concurrir a los referidos actos”

Así pues como ya mencionamos, por considerar que en fecha 31 de enero del presente año tuvo lugar la apertura del año judicial, importa acotar que según el Doctor Couture pueden considerarse hechos notorios, aquellos que entran naturalmente en el conocimiento o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado en el momento en que ocurre la decisión.

En este sentido resulta importante mencionar lo que a al respecto estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de marzo del 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, Caso Silva Hernández vs. Tribunal Instructor de la Corte Marcial:

“…En el derecho medieval existía el principio “notoria non egent probatione”, que exoneraba de prueba al hecho notorio. La conceptualización de que debe entenderse por dicho hecho, ha sido discutido por diferentes autores, siendo la definición del tratadista italiano Piero Calamandrei, en su obra Definición del Hecho Notorio (Estudios Sobre El Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina 1945), tal vez la de mayor aceptación. El maestro Calamandrei lo definía así: “se consideran notorios aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”. El principio de que lo notorio no requiere prueba fue acogido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, así como por el artículo 215 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se trata de un principio que informa al proceso en general…”(Subrayado propio)







En cuanto a la publicidad del hecho, alude la referida jurisprudencia lo siguiente:

“…Este último parte de diversos criterios conceptuales. Unos consideran que atiende a una ficción legal de conocimiento, desligado de una difusión suficiente. Un ejemplo es el hecho que goza de los efectos del registro público, o de la publicación en periódicos oficiales; otra vertiente para conceptualizarlo, lo señala como el que tiene lugar en sitios públicos, criterio también ajeno a su difusión; y una última es, que el hecho público es aquel que surge de actos del poder público…”(Subrayado propio)



Ahora bien, tomando en cuenta que el caso bajo estudio encuadra perfectamente dentro de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales antes citados, por ser la apertura de año judicial un hecho que forma parte del conocimiento de los abogados, funcionarios y demás individuos relacionados al poder judicial, así como también por tratarse de un hecho publico emanado de actos del poder publico, considera esta alzada, la apertura del año judicial como un hecho público y notorio pudiendo atribuírsele valor de tal, en consecuencia se toman como ciertos los alegatos presentados por la presunta agraviada en el escrito de informes, toda vez que resulta factible que la misma en virtud de este hecho no haya podido tener acceso al expediente, y de esta manera tener conocimiento de la fecha en la cual el Juzgado de la causa fijó la audiencia constitucional.

Así pues, dadas las condiciones que anteceden, en aras de garantizar la correcta administración de justicia así como también el derecho a la defensa como un derecho inviolable consagrado en nuestra ilustre Carta Magna y por encontrarnos ante un estado social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia y la igualdad pero sobre todo la preeminencia de los derechos humanos, considera esta sentenciadora que tanto las normas como los criterios jurisprudenciales deben interpretarse y aplicarse en beneficio de los justiciables con la finalidad de garantizar la protección de sus derechos constitucionales, en consecuencia se ordena la reposición de la causa al estado en que el Tribunal a quo fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional oral y publica. Y así se deja establecido.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Superior Décimo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación intentado el 2 de febrero del 2012 por los abogados GILBERTO ANDREA y EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA en su condición de apoderados judiciales de la presunta agraviada, contra la sentencia proferida el 1 de febrero del 2012 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Queda REVOCADA la sentencia apelada. Se ordena reponer la causa al estado de fijar nuevamente la audiencia constitucional oral y publica.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del proceso.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2012. Años: 201º y 153°.

LA JUEZA,


DRA. MARÍA F. TORRES TORRES

LA SECRETARIA,

ABG. ELIANA LÓPEZ REYES

En la misma fecha, 16 de marzo del 2012, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 2:40 pm.

LA SECRETARIA,

ABG. ELIANA LÓPEZ REYES

Exp. Nº 6.286

MFTT/ELR/yadi.mgrl
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miércoles, 28 de marzo de 2012

Alexei Julio sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. Derecho a la Carta No 1

Se abre la versión oficial de los podcast en el Programa Radial "Derecho a la Carta" apoyado por la Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicación Social y PeriodismoUniversidad Externado de Colombia . Se trata de un Programa Radial de 30 minutos que se realizará todos los martes a las 3.oo p.m. Los dejamos con el primer Programa - Podcast en una entrevista al Doctor Alexei Julio Estrada sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) participan: Alexei Julio, Federico Suárez y Gonzalo Ramírez. Espero lo disfruten
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viernes, 24 de febrero de 2012

plurijur



 Nuevo blog de plurijur

Queremos en plurijur, informar sobre la inhabilitación de nuestro blog jurídico anterior ubicado en http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/ habiendose sustituido por este otro: http://plurijur.blogspot.com/

El anterior blog de plurijur inicio en febrero del año 2007, hoy, después de cinco años, inicia una nueva etapa para plurijur por lo que es oportuno actualizar el blog.


Les esperamos en  http://plurijur.blogspot.com/



Carlos Loarca
Guatemala
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lunes, 13 de febrero de 2012

¿Capriles Radonsky podrá derrotar a Chávez el 7 de octubre?



En el día de ayer, 12 de febrero de 2012, se llevaron a cabo las elecciones primarias de la denominada MUD (Mesa de la Unidad Democrática) en Venezuela. Los resultados fueron contundentes, el abogado de 39 años Henrique Capriles Radondonsky se alzó con la victoria, y por lo tanto será el rival de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012.

Capriles Radonsky es el gobernador del Estado Miranda, uno de los más poblados del país bolivariano, también se ha desempeñado como alcalde del municipio Baruta, y miembro del congreso. Capriles compitió en las elecciones primarias al lado de opositores al gobierno de Chávez como María Corina Machado, Pablo Pérez, Diego Arria, y Pablo Medina. Días antes, uno de los precandidatos, Leopoldo López, había anunciado su apoyo al gobernador de Miranda deponiendo su candidatura.

La Mesa de la Unidad Nacional obtuvo casi 3 millones de votos en las elecciones primarias, un buen resultado, teniendo en cuenta que era una elección interna y que muchos opositores al gobierno de Chávez simplemente votarán el 7 de octubre por cualquier persona que se oponga al actual presidente de la República. Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que se pudo evidenciar en las toldas de los partidos opositores al oficialismo venezolano, las cosas no están tan claras ni tan fáciles a la hora de enfrentar al actual mandatario del Estado bolivariano. 

Hugo Chávez lleva trece años en el poder, Venezuela ha sido el impulsor de la denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y las otras ramas del poder poder público como el legislativo y el judicial tienen una gran influencia del Jefe de Estado; eso sin mencionar que los ámbitos militares estarían totalmente permeados por la ideología socialista bolivariana que se les ha inculcado en todos estos años de revolución. Venezuela sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, aunque sus cifras de exportación han decaido en los últimos años. Sin embargo, esta nación continúa en la cima de los rankings de productores del "oro negro". La empresa petrolera de Venezuela (PDVSA), está totalmente en manos del ejecutivo venezolano, y no son pocas las denuncias que se han levantado sobre la posible utilización de los fondos de esta empresa para subsidiar campañas políticas oficialistas y para, incluso, enviar fondos a campañas electores de otros países.

Las cosas así no estarían fáciles para la oposición. Hugo Chávez ha transformado el sistema político venezolano, promovió al principio de su mandato una asamblea nacional constituyente que derivó en el posterior nacimiento de la denominada Quinta República, modificando las estructuras de poder en el Estado y delineando una serie de objetivos que se han convertido en el dogma de una revolución bolivariana de corte socialista. Desde 1999, Venezuela ha llevado a cabo varias elecciones presidenciales, para la asamblea legislativa, referendums revocatorios, y elecciones para cargos en gobernaciones y alcaldías, lo que convierte a este país, en uno de los más ajetreados en materia electoral del continente. La oposición al gobierno de Chávez no sólo está oponiéndose a un individuo en el poder sino a todo un aparato político que sustenta hoy en día el mando en Venezuela, incluso, uno de los precandidatos de la MUD, Diego Arria, propuso llamar a una nueva asamblea nacional constituyente después del 7 de octubre, para desmantelar todo el aparato chavista que rige el Estado bolivariano, ya que según él, no bastaría con ganarle a Chávez el 7 de octubre, también habría que barrer con todo el sistema que se ha erigido en estos 13 años de revolución. 

Capriles Radonsky es un joven abogado, a los veintisiete años fue vicepresidente del congreso venezolano, y ha sido alcalde de un municipío denominado como Baruta. Hoy en día es el gobernador del Estado Miranda, uno de los más importantes de Venezuela, y con el apoyo de los partidos que conforman la Mesa de Unidad Democrática pretende arrebatarle el poder a Chávez. Cosa difícil, por varios motivos, el primero es que Chávez a pesar de todo el desgaste que ha sufrido en estos trece años de gobierno goza de una sólida popularidad en varios ámbitos de la sociedad venezolana, los beneficiarios de las misiones sociales que se han puesto en funcionamiento no olvidan con facilidad que durante la vigencia de la cuarta república estuvieron excluidos de muchos servicios básicos como educación, salud o vivienda, y que mal que bien, Chávez les ha dado "algo". El PSUV (Partido Unido Socialista de Venezuela), es una sólida organización creada hace algunos años para articular a los movimentos y partidos afectos al régimen chavista, y que con el paso de los años se ha consolidado como una organización unificadora en torno a la figura del líder, en este caso Hugo Chávez. La enfermedad de Chávez, también ha sido un punto positivo a favor del presidente en ejercicio, ya que la imagen de un líder combativo que se repone contra la adversidad, es una buena forma de alimentar el mito de fortaleza y resistencia del gobernante, lo que le da un aura de imbatibilidad digna de un semidios griego. A la gente le gusta estar al lado del fuerte, no del débil. Y como asunto paradógico, ver a Chávez trotando en el palacio de Miraflores después de una operación le otorga cierta simpatía psicológica. Capriles Radonsky, a contrario sensu, tiene una imagen de hombre joven, de líder refrescante, sin embargo, no tiene lo que los nortearmericanos llaman "presidenciabilidad" o "imagen de presidente", su físico desgarbado, su pinta en camiseta y su cachucha de beisbolista no le dan esa aura de poderío que tanto le llama la atención al populus electoral. Es cierto que muchos opositores a Chávez simplemente votarán por el que se oponga a él, sin importar el contendiente; pero, en este caso, y como en todas las elecciones siempre hay un factor determinante que es el de los indecisos y si bien es cierto en Venezuela las cosas están polarizadas, también hay un rango de votantes independientes que serán cruciales a la hora de definir la elección. Capriles debe cautivar a este público fluctuante si quiere ganar. Llega a las elecciones presidenciales con un apoyo de por lo menos 3 millones de personas, que fue el número de votantes en las elecciones primarias de ayer domingo, sin embargo, el número de votantes chavistas estaría por la misma cifra, lo que hace más importante y vital el apoyo de los independientes.

El reto de Capriles es cautivar ese voto que muchos denominan como de "opinión", incluso en el actual estado de cosas en Venezuela, y tratar de arrancarle a Chávez varios de sus simpatizantes. El discurso de Capriles ha sido conciliador, "Yo seré el presidente de todos los venezolanos" sentenció Capriles despúes de conocer los resultados de las elecciones primarias. Sin embargo, en Venezuela, todo el mundo identifica a Capriles como un opositor, y como un antichavista, por lo tanto, arrebatarle electores a Chávez estaría muy difícil, en consecuencia, su discurso de unificiación no sería de buen recibo por parte de las toldas socialistas bolivarianas. Capriles debe convencer al electorado independiente que no es un simple antichavista, y que sus políticas, en el caso de que obtenga la victoria el 7 de octubre, no estarán dirigidas a hacer borrón y cuenta nueva, ya que muchos venezolanos mal que bien se han beneficiado de muchas ayudas del gobierno de Chávez. Capriles tendrá que convencer al estamento militar de no ser un revanchista, y que si llega a ganar el 7 de octubre no pasará por la guillotina del despido a varios miembros de la cúpula militar de manera radical. El reto de Chávez será aglutinar a sus seguidores en torno a él, no permitir que los cantos de sirena opositores convenzan a sus electores de siempre. Por otro lado, debe proponer algo nuevo para los próximos años, para no presentarse como el pasado, sino como un renovado presente, y tratar de que su discurso extremo no ofenda a más opositores que podrían reproducirse en los próximos meses gracias a la campaña de incertidumbre que han alimentado algunos por su estado de salud, y el posible resquebrajamiento del chavismo en una posible ausencia del líder bolivariano. Amanecerá y veremos, el 7 de octubre el país natal de Bolívar decidirá su suerte política.

Fuente de la fotografía: http://hayuncamino.com/
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