miércoles, 24 de marzo de 2010

Memoria, verdad y justicia.

El día de hoy, se conmemora en la Argentina el Día de la memoria por el 24 de marzo de 1976. Día en que se produjo el último golpe militar en el país. Lamentablemente tanto mi país como todo latino América ha tenido que sufrir estas aberraciones contra la humanidad.
Muchas personas en la argentina no saben porque es que este día no van a trabajar. Muchas personas piden a gritos que "vuelva la dictadura" por las mentiras que la televisión les cuenta. Nosotros, los libre pensadores, que tenemos estos espacios para expresarnos debemos tomar en nuestras manos su defensa y hacer todo lo posible por preservarlos. Seguramente entre 1976 y 1983 no hubiera podido tener mi blog, no porque no existiera Internet sino porque Carlos Adrían Garaventa hubiera desaparecido de la faz de la tierra si los dictadores leían las cosas que escribe.
Es por ello que hoy re publico aquí un pequeño texto que escribí el año pasado y publiqué en mi blog con el título Reflexiones a 33 años del golpe de Estado.
Espero que lo disfruten, les dejo un saludo y el mejor deseo que se puede dejar en está fecha... ¡NUNCA MÁS!

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DEL ESTADO Y DEL TERRORISMO DE ESTADO.
A 34 AÑOS DEL GOLPE MILITAR ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL APARATO ESTATAL Y EL GENOCIDIO ARGENTINO

Por: Carlos Adrián Garaventa

Contractualismo y Estado

Dar una única definición de Estado es una tarea realmente complicada puesto que no se puede pensar al Estado fuera de una determinada ideología y es justamente la ideología que uno tenga la que le de las pautas para definirlo. Si buscamos su definición en el diccionario este nos dirá que el Estado es el “cuerpo político de una nación; conjunto de instituciones destinadas a administrar un país y mantener el orden”. personalmente concibo al Estado como un ente jerarquizado cuya única finalidad es garantizar a las personas el goce de sus derechos para evitar de esta forma la “guerra”. Utilizo el termino guerra en el sentido amplio de la palabra, evitar la guerra significa impedir el ejercicio de la fuerza y la justicia por mano propia entre los individuos.
Si bien los contractualistas no son los “inventores” del Estado, podemos afirmar que han sido los principales teorizadores del mismo. Me detendré a explicar muy brevemente las ideas expuestas por Hobbes, Locke y Rousseau sobre el origen y la función del Estado.
Hobbes concibe al hombre como un ser violento y enfrentado a los otros hombres, en el estado de naturaleza descripto por Hobbes los individuos gozan de una absoluta libertad y en busca del bienestar personal reaccionan violentamente contra la libertad y los derechos de las otras personas. Con motivo de la inseguridad de la que es victima el hombre en este estado natural es que se firma el “contrato social” a través del cual se ceden al Estado (al que Hobbes llama el “Leviatán”) todos los derechos excepto el derecho a la vida. En la concepción absolutista del estado que tiene Hobbes, el Leviatán es una persona que concentra todos los derechos de las personas menos el derecho a la vida y los administra conforme su sabiduría para garantizarles a los individuos el único derecho que conservan que es el derecho a vivir.
Para Locke el estado de naturaleza es regido por una ley natural que surge de la razón, a través de la cual los hombres sostienen que son obra de Dios y por lo tanto propiedad de Dios. Además existe una armonía natural entre los hombres por la cual cada uno impulsado por su interés particular colabora con el bienestar general ya que según esta ley natural el bienestar individual se focaliza en el trabajo y no en la agresión. Pero esta ley natural se basa en la razón y por lo tanto aquellos hombres que no escuchen a su razón romperán el orden armónico de la sociedad natural y será necesario el pasaje a una sociedad civil mediante la firma del contrato social y proporcionar a los hombres el bienestar mediante un ordenamiento jurídico. El contrato social, según Locke, consiste en que todos los hombres conservan todos sus derechos menos uno: el derecho a hacer justicia por mano propia, este es el único derecho que se delega en el Estado y a través de esta facultad de administrar justicia es que el Estado garantiza el goce de los derechos a los individuos. A diferencia de Hobbes que plantea un Estado absolutista, Locke desarrolla un Estado en el que establece la división de tres Poderes: el Poder Legislativo dedicado a crear las leyes; el Poder Ejecutivo dedicado a aplicar la ley; y el Poder Federativo que regula las relaciones internacionales con los otros Estados.
Rousseau divide al estado de naturaleza en un estado natural primitivo y un estado civil. La conservación del hombre en el estado natural esta ligada a la “piedad natural”; esta piedad natural es la que garantiza la cooperación social entre los hombres y será el sentimiento fundamental que con la firma del contrato social permitirá la creación del “yo común“. pero el proceso de división del trabajo, la propiedad privada, la industria, el comercio y la multiplicación de deseos y necesidades se va a generar la degradación de la humanidad donde se pierde la piedad natural y se fomenta la envidia, el egoísmo y el constante estado de guerra. El contrato social trata de volver todo a ese estado de naturaleza primitivo basado en la piedad natural; este es un pacto de asociación y a la vez de sumisión ya que la voluntad general surge de la unión de todos y a la vez de la sumisión de todos al todo. Rousseau distingue entre “soberanía” y “gobierno” el soberano es el pueblo que se encarga de crear la ley reunido en asamblea, y el gobernante es quien aplica estas leyes; los gobernantes son revocables y están controlados por la asamblea popular. Con la firma del contrato social, según Rousseau, los individuos entregan todos sus derechos al soberano, es decir delegan todos sus derechos en la “voluntad general”.
Hasta aquí hemos visto rápida y superficialmente el origen del Estado podríamos dar una sencilla clasificación del Estado en Estado de derecho y Estado de facto. El Estado de derecho es aquel que surge de las normas establecidas en el contrato social; y por el contrario el Estado de facto es aquel que surge en violación a la normativa de dicho contrato, es decir se impone por la fuerza ante la voluntad de los individuos.

El terrorismo de Estado

De lo dicho hasta aquí podemos concluir en que la finalidad del estado es garantizar el bienestar general a través de los poderes que los individuos delegan en él.
Para lograr esta finalidad el Estado cuenta con un importante poderío económico, administración de justicia, fuerzas de seguridad, etc. El terrorismo de Estado consiste en utilizar este “Aparato Estatal” en la persecución y extermino de determinados individuos sea por razones políticas, raciales, religiosas, sociales, etc.
Generalmente se asocia al terrorismo de Estado con el Estado de facto, pero no necesariamente es el Estado de facto el único capas de cometer actos terroristas, ya que un Estado legalmente constituido según la normativa del contrato social (Estado de derecho) tiene iguales posibilidades de cometer estos actos genocidas.
La Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 receptada en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 establece que el genocidio es un delito del derecho internacional y lo define a través de la realización de determinados actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, dichos actos son:

  • Matanza de miembros del grupo

  • Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo

  • Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial

  • Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo

  • Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo


Si bien del texto literal de la ley no surge que la destrucción de un grupo político o una clase social sea genocidio debemos interpretar que esto es así porque dicha convención se celebro teniendo en cuenta los actos realizados por el Nazismo y es por ello que no incluye otras formas distintas de destrucción de grupos determinados que se practicaron fuera del genocidio Nazi. Esto no impide a que la destrucción de grupos políticos o de clases sociales configure un crimen de lesa humanidad.


El terrorismo de Estado en Argentina


Antes de analizar la cuestión en particular en nuestro país es menester recordar que los golpes de Estado por dictaduras militares no son un fenómeno exclusivo de la Argentina. A mediados de la década de 1970 comenzó en America Latina un fenómeno derivado de la Guerra Fría y de la política que Estados Unidos implemento en los países americanos. Esta política estaba fundada en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” basada en la lucha contra el comunismo no solo “fronteras afuera” sino que establecía que “había que defenderse de la amenaza del comunismo también “fronteras adentro”.
Durante la tercer presidencia de Perón el movimiento peronista se encontraba dividido en una facción de derecha y otra de izquierda. El enfrentamiento de ambas facciones llevó en 1973 al asesinato de José Rucci, líder de la CGT, dicho asesinato fue atribuido a la facción de izquierda del peronismo denominada Montoneros. Además de los enfrentamientos entre estas facciones hizo también su aparición la Alianza Anticomunista Argentina (triple A), un grupo para policial apoyado por José López Rega, ministro de acción social. La triple A se dedico a reprimir y asesinar militantes y activistas de distintas agrupaciones de izquierda (peronistas o no).
En ocasión del acto del 1° de mayo de 1974, Perón rompió relaciones con Montoneros, las violentas consecuencias de esta ruptura recaerían en su viuda María Estela Martínez de Perón (Isabelita), pues Perón murió dos meses después.
El gobierno de Isabelita combino un severo ajuste económico que tenía por objeto frenar la creciente inflación y afecto gravemente al sector asalariado de la sociedad con una política represiva ante los distintos movimientos revolucionarios que intentaban producirse en contra de su gobierno. La situación de violencia e inestabilidad llevó a que el 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocasen a María Estela de Perón y comenzara así uno de los capítulos mas obscuros y tristes de nuestra historia.
El golpe del 76 instaló en el gobierno a una junta militar formada por los comandantes de las tres armas: el general Jorge Rafael Videla (nombrado presidente de la nación), el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, que se autodenomino “Proceso de Reorganización Nacional”.
La política de la dictadura apuntaba a dos objetivos:


  1. En lo económico apuntó a favorecer los intereses de los grupos empresariales multinacionales con la apertura de la aduana, el no arancelamiento de las importaciones y la destrucción del sistema industrial de sustitución de importaciones desarrollado durante la primer y segunda presidencia de Perón. Para ello fue nombrado ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, que era miembro de una tradicional familia de terratenientes y poseía una ideología liberal de ultraderecha.

  2. En lo social-político, siguiendo los dictados de la Doctrina de Seguridad Nacional la dictadura se dedicó a eliminar lo que llamaba la “subversión”. subversivo era para los dictadores toda persona que se atreviera a mostrarse en contra de los ideales totalitarios de ultraderecha que el gobierno de facto imponía.


El terrorismo de Estado en nuestro país consistió en utilizar el Aparato Estatal para eliminar la “subversión”.
El método utilizado por los dictadores consistió en la persecución política, la desaparición forzada de personas, la creación de campos de concentración que servían de prisión a los detenidos, el asesinato indiscriminado, el robo y venta de bebes y la eliminación de los derechos y garantías constitucionales. Con este método la dictadura lograba su objetivo final de dos formas: por un lado eliminaban directamente a los “subversivos” y por otro lado generaba un temor en la sociedad que se manifestaba en el “no te metas” que impedía a los ciudadanos el reunirse con el objeto de luchar en contra de los dictadores.


Juicio y castigo a los responsables


Sin lugar a dudas el juzgamiento de los ex represores ha sido el logro mas grande de los gobiernos del matrimonio Kirchner. Sin embargo debemos pensar que la dictadura militar fue un medio para conseguir un fin: el terrorismo de estado no fue mas que la metodología aplicada por los dictadores para eliminar a todo aquello que impedía la inserción del neoliberalismo en nuestro país, neoliberalismo querido y protegido por los grandes grupos empresarios que apoyaron y financiaron a la dictadura y que con una actitud verdaderamente hipócrita aparentaban ser los defensores de la democracia al llegar el gobierno de Alfonsín. Sin embargo no vemos a ningún tribunal juzgar a estos empresarios tan culpables del genocidio como los militares mismos.
Otro punto fundamental en esta cuestión es la no aceptación por parte de los ex represores de los crímenes cometidos, vemos que se amparan en la “teoría de los dos demonios” para eximirse de las responsabilidades penales afirmando que lo que aquí pasó fue una “guerra”; los vemos desconocer la autoridad de los magistrados alegando que su único juez es Dios. También resulta aberrante que tanto los ex represores como quienes los apoyan, y asta hacen manifestaciones en su nombre, afirman que estos juicios son una cuestión de la historia actual y prometen que un día “se va a dar vuelta la tortilla” y que todo volverá a ser como en aquella época.
Podemos concluir por lo tanto que los dictadores no se encuentran arrepentidos de sus actos, sino que los siguen justificando y si tuvieran la oportunidad volverían a cometerlos. Este es el principal defecto de los actuales juicios, el Derecho debe estar orientado a prevenir y no a castigar, es decir los juicios a los responsables deben estar orientados a obtener el arrepentimiento por los crímenes y no meramente castigarlos ya que a través de la admisión de los errores es que estas situaciones no volverán a producirse, los juicios a los ex represores no parecen solucionar el problema de fondo sino sólo avivar los odios ya existentes.
Si pretendemos que el “nunca mas” no sea sólo una frase debemos tomar conciencia de que algo estamos haciendo mal y solucionar el terrible problema que tenemos.

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lunes, 22 de marzo de 2010

Algunas reflexiones sobre la muerte de Orlando Zapata

Orlando Zapata, el cubano que luego de más de 80 días de hambre falleciera, ha dado mucho de qué hablar, cumplido ya casi un mes desde su deceso.  Se ha generado todo tipo de reacciones en el mundo, incluyendo la condena que ha hecho la Unión Europea por esta muerte.  A su vez, esta condena ha dado lugar a que el régimen cubano responda enérgicamente y de manera no muy cordial a la postura de los europeos.  Internet está plagada de opiniones y de crónicas relacionadas con este hecho, pero me he quedado con serias dudas acerca del contenido verdaderamente jurídico del hecho.

No me interesa discutir en este ingreso si el comunismo es bueno o malo, o si en esa isla realmente hay comunismo o no.  Esa discusión se la dejo a quienes manejen ese tema.  Por ahora sí me interesa revisar algunos temas que me suscitan inquietud jurídica, planteando mi posición, pero esperando réplicas más informadas de quienes manejan estos temas mejor que yo.  Los resumiré así:

1)      Alcance de la huelga de hambre como mecanismo de protesta.
2)      Muerte de Orlando Zapata:  ¿Homicidio o Suicidio?
3)      Inquietudes varias

Alcance de la huelga de hambre como mecanismo de protesta

El manejo del hambre como forma de protesta, e incluso como mecanismo de lucha, no es nuevo.  Las guerras antiguas implicaban invasiones prolongadas a las poblaciones del enemigo, impidiendo la llegada de provisiones, llevando a que la desesperación, las enfermedades y el hambre obligaran a la rendición.  Los romanos conocían bien esta táctica militar, que rindió sus frutos.

Sin embargo, este sistema de manipulación del hambre se daba de manera obligada, y no voluntaria.  El hambre, como mecanismo individual de lucha, sin duda fue popularizado por Gandhi.  Este importante líder político y espiritual de la India, precursor de la protesta pacífica como forma de lucha política, en muchas ocasiones realizó prolongados ayunos como mecanismo de presión para lograr los objetivos trazados.  En el caso de Gandhi, es importante resaltar que él era un ícono de la resistencia india, pero siempre contó con apoyo de sus seguidores.  La protesta de Gandhi implicaba el uso de recursos simbólicos, como la sencillez o humildad en su vestir, el hambre el silencio.  La importancia del manejo de los símbolos fue sin duda parte del éxito de este importante individuo.

Fallecido este gran hombre, en Enero de 1948, sobrevivieron muchos de los mecanismos por él utilizados.  Sin embargo, este año vendría con cambios importantes.  Conviene destacar aquí la declaración universal de los derechos humanos, adoptada en diciembre de ese mismo año, uno de los instrumentos internacionales fundamentales para el importante desarrollo que han tenido los derechos humanos en el siglo XX y lo que va del XXI.

Este instrumento, consagra en su artículos 18 la libertad de pensamiento y en el 19, la libertad de expresión.  Debemos aceptar aquí, que el derecho a no consumir alimentos, como forma de expresar inconformidad, está validada y legitimada por la carta de derechos humanos.  En ese mismo sentido, ya a nivel americano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de 1969, consagra en su artículo 13 ambos derechos de los atrás mencionados.  En consecuencia, la posibilidad de protestar y expresarse como uno estime conveniente (mientras no se encuentra expresamente prohibido) es un derecho reconocido por normas positivas y no una facultad que quedara a discreción del gobernante de turno.

Visto lo anterior, se tiene entonces que el ayuno es en efecto, una manifestación de índole personal y sobre esa órbita, no puede nadie interferir.  Muchos lo hacen por cuestiones religiosas.  Otros por cuestiones médicas, y otros por motivos políticos  Curiosamente, sin embargo, el caso de la huelga de hambre se estructura como un acto de expresión personal que contrario a las demás motivaciones, busca precisamente una determinada intervención por parte de una o más personas.  Esto último suena a chantaje, y dependiendo del fin buscado, podría incluso adquirir connotaciones penales propias de la extorsión, o del constreñimiento ilegal (al menos en Colombia).

Surge la pregunta, entonces, si la autoinducción a un ayuno forzado, como forma de exigir determinadas acciones por parte de las autoridades estatales, constituye un mecanismo válido de oposición, si es una forma legítima para pedir o exigir.  Personalmente, considero que no lo es.  Creo que a lo sumo, se trata de un mecanismo de publicidad válido para hacer llegar un mensaje, pero de allí a considerar que la huelga de hambre es una nueva modalidad de ejercer el derecho de petición, hay una larga distancia.  Insisto que en el caso de Gandhi, que atrás mencioné, se trataría de un manejo de símbolos y una forma de hacer llegar un mensaje, respaldado por otras acciones más, no como un simple mecanismo de chantaje.  Sin embargo, algo de eso también había.


Muerte de Orlando Zapata:  ¿Homicidio o Suicidio?

¿Cuando la huelga de hambre llega a sus últimas consecuencias quién debe responder por sus efectos?  El análisis causal es más bien simple.  Si se deja de comer, se muere de inanición.  La pregunta es: ¿se mato, o lo mataron?  Muchos de los escritos que he leído al respecto parecen concluir indefectiblemente que la muerte de Zapata es responsabilidad del gobierno cubano.  La postura de la Unión Europea va en esa misma línea.  Me he preguntado mucho en estos días, por qué esa muerte es responsabilidad del gobierno cubano, o al menos, porque es tan obvio para los demás, y tan complicado de ver para mí.

Para intentar obtener respuestas satisfactorias, he revisado algunos textos para extraer premisas, y poder armar siquiera un argumento medianamente decente.  En primer lugar, he leído un libro titulado “Derecho, suicidio y eutanasia” de Carmen Juanatey Dorado (Madrid : Ministerio de Justicia y de Interior.  1994).  De allí me he concentrado en conocer el tratamiento que se le daba al suicidio en épocas antiguas.  De lo revisado, se pudo extraer que en algunos momentos, el suicidio fue considerado un delito, ya fuera por las consecuencias pecuniarias que de allí se podrían derivar, o en algunos casos, por el simple hecho de atentar contra mandatos religiosos.

Me causó curiosidad, sin embargo, observar que en las grandes civilizaciones antiguas, se había logrado institucionalizar el suicidio.  Por ejemplo, en Grecia había la posibilidad de acudir ante el Magistrado y exponer las razones para querer morir.  Si se aceptaban, el Magistrado suministraba el veneno.  En otros lugares, incluso se permitía que el Magistrado eligiese la forma en que habría de morir.  El suicidio, entonces, era un asunto que válidamente podía realizarse si las autoridades públicas no se oponían a ello.  Incluso, en algunos pueblos como el caso de los visigodos, existía la llamada ‘Roca de los abuelos’, escalada por quienes estaban cansados de vivir.  Una vez arriba, se lanzaban de ella para morir.

Gran parte de las discusiones en materia de suicidio, en la actualidad, se dan en relación con la eutanasia, puesto que ha sido aceptado mayoritariamente, que el suicidio no puede considerarse un delito.  El auxilio y la inducción al suicidio, generan efectos diferentes.  Las discusiones jurídicas generadas en la actualidad en torno a la eutanasia y el homicidio por piedad, han llevado a que se presente la tensión entre la dignidad humana, y la vida como derechos fundamentales en choque.  Cada Estado ha librado el debate de maneras distintas.

Sin embargo, no es ese el escenario de debate aquí.  El caso de Orlando Zapata pone de presente una tensión diferente.  Es enfrentar la posibilidad de disponer de su propia vida, frente a modelos penales según los cuales puedan las autoridades responder por homicidio por omisión.  Particularmente, se estudia si es posible exigir que las autoridades actúen como garantes del bien jurídico ‘vida’ de Zapata.  En caso de responder afirmativamente, se deberá indicar qué causal jurídica permitiría llegar a esa conclusión.  Podría hablarse de la ‘injerencia’, que implica que la persona hubiese generado un riesgo injusto a la vida de Zapata, y que al haberlo hecho, debía realizar todas las gestiones tendientes a preservar el bien jurídico.  Personalmente, considero que el asunto es bien discutible, puesto que el hecho de estar en prisión en condiciones aparentemente indignas, sí podría llevar a hablar de injerencia.  Sin embargo, analizado bajo la óptica de la imputación objetiva, considero que el riesgo jurídico relevante no deriva de allí sino de la decisión libre de Orlando Zapata de dejar de comer.

También podría hablarse de una omisión de socorro, como delito de omisión propia, en donde al ver que el individuo estaba en riesgo de morir, no se prestó la ayuda en el momento oportuno.  Recordemos que la omisión jurídicamente no implica un simple ‘dejar de hacer’, sino un incumplimiento del deber exigido.  Por lo que entiendo del caso, existió negligencia en el manejo de la urgencia, y ante el grave estado de Zapata, esto le pudo costar la vida.  Este análisis parece mucho más acertado, pero parte del presupuesto de que causalmente no se responde por la muerte en sí, sino por no prestar socorro. 

En conclusión, no veo que penalmente se pueda predicar responsabilidad de alguno de sus guardias o del director de la institución penitenciaria, así como de las autoridades estatales, por la muerte en sí misma, pero sí tal vez por una posible omisión de prestar ayuda.  El análisis desde el punto de vista del derecho administrativo, podría ser diferente.  Considero que ha sido Zapata quien optó por poner en riesgo inminente su vida, y por tanto, su muerte se le ha de imputar a él, pues no era legitimable el recurso del ayuno como mecanismo de protesta o de negociación.  Concluiría que este es un caso de suicidio, pero muy particular porque se trata de una conducta prolongada en el tiempo, y tal vez por ello se tiende a responsabilizar al gobierno cubano y no al mismo Zapata.


Inquietudes varias

Aquí una enumeración de dudas que persisten, a pesar del ejercicio realizado.  Agradezco ayuda a quienes quieran prestarla, para entender el tema.

A.      Vulneración de los derechos humanos:  Reviso la carta interamericana y reviso la declaración universal del ´48 y no encuentro cómo la muerte de Zapata implica una vulneración de los derechos humanos.  Es para mí claro, que en Cuba se dan graves violaciones en cuanto a los presos políticos y a los juicios a los que son sometidos.  Sin embargo, desligado el aspecto procesal penal, no me queda claro por qué la muerte del preso en sí misma constituye una vulneración de los derechos humanos, si fue inducida y causada por el mismo preso.

B.      ¿Si el caso no se hubiera dado en Cuba, sino en cualquier otra parte del mundo, el escándalo sería el mismo?  Con ello, realmente la pregunta de fondo es: ¿La crítica es objetiva?

C.      Jurídicamente, para quienes consideran que si existe un homicidio, ¿cuando podríamos señalar que realmente se cometió la conducta?  ¿Sería un delito continuado?
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sábado, 6 de marzo de 2010

Derecho Mèdico: "Andrea De Leòn, Abogados Consultores crea divisiòn de Estudios Jurìdicos sobre la Iatrogenia"


La materia de la Mala Praxis Médica es tan amplia que hemos decidido para profundizar en el tema de la Iatrotregenia crear una División de Estudios Jurídicos sobre la antedicha enfermedad con el fin de desarrollar de manera sistematica el análisis de tan delicado flagelo, creemos que la cifra de más de 10.000.000 de vìctimas anuales a nivel Mundial justifica este esfuerzo academico toda vez que nuestro País también sufre y padece éste mal.El objetivo apunta su atención en el Origen, la incidencia en las diferentes etapas que comprende la Mala Praxis Médica, el Profesional reincidente, la victima & su defensa a Nivel Civil y Penal,estadisticas y clasificación por especialidad, también se hará un esfuerzo por determinar la relación de causalidad o el iter del delito con las diferentes actuaciones del profesional de la salud así como el enfermo Iatrogenico.


Cordiales, Saludos !!!

Dra: Emilia De Leòn Alonso de Andrea
ABOGADO-U.C.A.B.

Dr: Gilberto Antonio Andrea González
ABOGADO-U.C.A.B.
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