martes, 21 de julio de 2009

Sentencia C-471 del 26 de junio de 2009 de la Corte Constitucional en Colombia: Avance en la protección de la libertad de pensamiento y expresión

La Corte Constitucional colombiana adoptó la sentencia de constitucionalidad C- 471 del 26 de junio de 2009- M.P. Juan Carlos Henao-, por medio de la cual se declaró inexequible el númeral 1 del artículo 224 del Código Penal Colombiana que plantea que no podrá exonerarse el imputado por los delitos de calumnia e injuria con prueba que se refiera a cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción.

En una decisión cerrada- 5 votos contra 4, la Corte planteó los siguientes problemas jurídicos: (i) si la imposibilidad de aportar pruebas sobre la veracidad de las imputaciones de cualquier conducta punible que hubieren sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, vulnera el principio de igualdad al establecer un trato discriminatorio e injustificado para el sujeto que se hallare en tales circunstancias; y (ii) si esa restricción es contraria a la Constitución por suponer vulneración del fin esencial de garantizar la vigencia de un orden justo, por desconocer los derechos de defensa y debido proceso del inculpado por calumnia, así como por atentar contra la libertad de información.

Estas dos preguntas fueron abordadas por el tribunal constitucional a través de la construcción de un juicio estricto de constitucionalidad en el cual se ponderó ciertos derechos y bienes jurídicos. Por un lado, “el derecho a la honra y al buen nombre, la presunción de inocencia de quien ha sido absuelto mediante una decisión judicial en firme y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de otro, el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción del inculpado por el delito de calumnia, para aportar pruebas acerca de que los hechos imputados a alguien no son falsos, así como las libertades de expresión e información”.

En la decisión el juez constitucional aceptó que el legislador colombiano le dió un peso superior al derecho a la honra y al buen nombre de la persona que hubiese sido exonerada en un proceso penal, se le haya precluído o cesado un procedimiento, y un peso menor al debido proceso del inculpado por la calumnia y, sobre todo, a la libertad de expresión.

La Corte consideró que la norma era inconstitucional puesto que sacrifica la libertad de expresión y comunicación en tanto que no se le puede impedir a un emisor de información pronunciarse sobre temas que se enmarcan en las dos dimensiones de la libertad de expresión: (i) la dimensión individual y (ii) la dimensión colectiva. En la primera se afecta el derecho de quien emite la información, mientras que la segunda afecta el derecho de la sociedad de informarse adecuadamente. Debe recordarse que los tribunales regionales de derechos humanos- América y Europa- han determinado en múltiples oportunidades que la “libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad” de donde se desprende que si en ella, esta libertad no se ejerce, la sociedad no es libre.

Para la Corte, el hecho de que se hubiere producido una decisión judicial de exoneración, preclusión o cesación de procedimiento no es óbice para que la sociedad “no podía informarse más sobre el punto que fue objeto del proceso penal, a pesar de que puede estar relacionado con temas fundamentales para el orden constitucional colombiano, tales como la vulneración del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, o para el funcionamiento de la democracia y las instituciones, como ocurre con las acusaciones contra figuras públicas o con las investigaciones penales sobre hechos de gran relevancia pública, a pesar de que con la información se aportaran las pruebas acerca de la veracidad de las afirmaciones en las que se imputa a alguien la comisión de un delito”.

Al final de su decisión, la Corte aclara que aceptar esta exceptio veritatis permite el respeto a la libertad de expresión contenida en el artículo 20 de la Constitución, al tiempo que no menoscaba el principio de lege ferenda dentro del proceso penal a favor del sobreseido o exonerado de la decisión.

La Corte concluye diciendo que: “La inconstitucionalidad de la norma se origina en que la medida con la que se pretende proteger los derechos a la honra y buen nombre y los principios constitucionales de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, elimina para los casos contemplados en ella, la libertad de información, lo cual evidencia una manifiesta falta de proporcionalidad”.

En fin, una decisión que, a mi juicio, permite elevar el estándar de respeto de la libertad de pensamiento y expresión en Colombia y, plantea nuevos limites al margen de apreciación del Estado en cuanto a esta libertad fundamental.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

¿Quieres dejar un comentario?