domingo, 17 de mayo de 2009

Consulta comunitaria y participación democrática (III)

2) Derecho comunitario interamericano de los derechos humanos

Al ser la Corte Interamericana el máximo órgano jurisdiccional en derechos humanos para las Américas, sus sentencias son de carácter obligatorio para todos los Estados que hayan ratificado su competencia.

Mi objetivo es demostrar que las 3 garantías son absolutamente aplicables de forma directa e inmediata para todos los Pueblos indígenas y tribales americanos, debiendo constituir parte esencial de las estrategias jurídicas y políticas nacionales e internacionales.

A continuación un análisis puntual sobre el derecho a la propiedad comunitaria protegida por la Convención Americana, la cual abre las puertas al derecho a la existencia de los Pueblos por la relación que mantienen con ésta.

En el Caso Saramaka, la Corte Interamericana hace un análisis sobre el derecho de los integrantes de los Pueblos Tribales al uso y goce de su propiedad comunal de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana y los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.

La Corte ha emitido varias sentencias a favor de los Pueblos Tribales e Indígenas, de ahí, el derecho comunitario interamericano.

La Corte ha sentenciado en el Caso del Pueblo Tribal Saramaka y de la Comunidad Moiwana, ambas de Surinam; de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa y de la Comunidad Indígena Yakye Axa ambas de Paraguay; de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni de Nicaragua;  de la Comunidad Maya Achí del Caso Masacre Plan de Sánchez de Guatemala; cita a la Comisión Interamericana en cuanto a los casos Mary y Carrie Dann de los Estados Unidos, y Comunidades indígenas Mayas del Distrito de Toledo Belice.

Concluyendo que, en esencia, conforme al artículo 21 de la Convención, los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica.  Dicha protección de la propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente.[1].

La Corte llegó a la interpretación anterior, porque, el artículo 29.b de la Convención Americana prohíbe interpretaciones en contra de los derechos que la Convención garantiza de acuerdo a las leyes internas de los Estados o bien de otras Convenciones en derechos humanos.   De ahí que la Corte haya llegado a tal reconocimiento de acuerdo a las legislaciones nacionales como las de Nicaragua y Paraguay, así como del Convenio 169 de la OIT.

Una cuestión fundamental es que, la Corte Interamericana sentenció que el Pueblo Saramaka tiene derecho a la propiedad comunal de su territorio y recursos naturales aunque la legislación del Estado de Surinam no lo haga, y no haya siquiera ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Lo esencial de esta afirmación de la Corte Interamericana es que, no importa que la legislación nacional no reconozca el derecho de consulta ni importa que no haya ratificado el Convenio 169 de la OIT, basta con demostrar que el Estado ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos para llevar a cabo las consultas comunitarias.

La Corte también se apoyo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales Surinam sí ha ratificado.   La Corte consideró que el artículo 21 de la Convención también tiene que interpretase en cuanto a que el Comité del Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales en un caso sobre Rusia[2], ha interpretado que el artículo 1 común de ambos Pactos son aplicables a los Pueblos Indígenas, en cuanto al derecho a la libre determinación lo cual les da el derecho de disponer libremente de sus riquezas naturales para que no se les prive de sus medios de subsistencia.

También el Comité de Derechos Civiles y Políticos conforme al artículo 27 del Pacto, reconoce que las minorías étnicas tienen derecho a su cultura, la cual está fuertemente asociada a su territorio y el uso de sus recursos naturales.

Algo que también hay que tener en cuenta en el Caso Saramaka es que, El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y el Relator Especial de la Comisión de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, informaron que el Estado de Surinam no reconoce legalmente los derechos de los miembros de los pueblos indígenas y tribales respecto de sus tierras, recursos y territorios comunales[3], pero esto no fue obstáculo para que la Corte Interamericana reconociera sus derechos, por el contrario, demostrar dicha desprotección significó que la Corte estaba llamada a establecerla.   Estratégicamente este elemento es importante.

Por tanto, de acuerdo al artículo 29.b de la Convención Americana la Corte no está autorizada para interpretar el artículo 21 de la misma, en sentido contrario a los Pactos Internacionales ratificados por el Estado de Surinam cuando se trate de Pueblos Tribales o Indígenas.

La Corte concluye que con base a la interpretación anterior, los Saramaka están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, el cual les garantiza el derecho comunal al territorio y los recursos para su subsistencia física y cultural, teniendo el Estado de Surinam la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio.

Habiendo determinado con precisión la existencia de un derecho comunitario interamericano de los derechos humanos a partir del derecho a la propiedad y los recursos naturales, analicemos las garantías del derecho a la existencia de los Pueblos Indígenas y Tribales, sin las cuales el derecho comunal a la tierra no tiene sentido.

2.1) Las 3 garantías del derecho a la existencia como Pueblo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un aporte fundamental, condenando al Estado de Surinam por no haber cumplido con 3 garantías que protegen el derecho a la existencia del Pueblo Tribal Saramaka en interdependencia con el derecho de propiedad colectiva y sus recursos naturales, protegidos por los artículos 1.1[4] en relación con el 21[5] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Interamericana sentenció que, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana para garantizar el derecho de subsistencia del Pueblo Saramaka al autorizar la explotación y extracción de recursos naturales dentro de su territorio el Estado de Surinam está obligado a cumplir con 3 garantías, las cuales pretenden preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal[6].

Es trascedente que la Corte Interamericana como máxima institución jurisdiccional en derechos humanos, sentencie que los Pueblos indígenas y tribales de las Américas sólo pueden ser ellos mismos, cuando se garantiza la relación especial con sus territorios y recursos naturales por medio de las siguientes garantías mínimas:

“…primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”)[7] que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka.  Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.”[8]   “Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones…”[9]

Solo cuando el Estado cumple con estas garantías previamente a ejecutar un proyecto de desarrollo, puede otorgar autorizaciones para intervenir en las tierras de Pueblos Indígenas y Tribales, o bien, cuando dichas tierras son propiedad del Estado y dichos Pueblos hayan permanecido en ellas.

Lo cual está dando lugar dentro del derecho comunitario interamericano de los derechos humanos al derecho comunitario consultivo interamericano.   Lo demuestran las consultas comunitarias en México, Guatemala, Costa Rica, Las Filipinas, Perú, Argentina, Chile[10].

Entonces, ¿en qué consiste el derecho comunitario interamericano?   Consiste en un cuerpo normativo del derecho internacional de los derechos humanos que se integra a la Convención Americana de Derechos Humanos.   Dentro de los cuales están los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los derechos pueblos indígenas de las Naciones Unidas, las observaciones de los órganos de las Naciones Unidas, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Informes de los Relatores de las Naciones Unidas.   Incluyendo sentencias, informes y observaciones de los órganos de derechos humanos europeos y africanos.

Toda esa recreación del derecho internacional nos permite darle pertenencia étnica a los derechos humanos para su efectividad política y jurídica.   También las legislaciones nacionales pueden contribuir cuando corresponden a las normas internacionales de los derechos humanos.

La propuesta es que todos los Pueblos tomemos esta riqueza jurídica del máximo órgano de los derechos humanos interamericano y exijamos su cumplimiento en cada Estado.   Que México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, El Salvador, y los demás, exijamos la implementación de las 3 garantías del derecho a la existencia de los Pueblos, que nuestras estrategias jurídicas coincidan en contenido.


[1] Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).

[2]              Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Consideración de Informes presentados por Estados Partes bajo los Artículos 16 y 17 del Pacto.  Observaciones Finales sobre la Federación Rusa (trigésimo primera sesión). N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de diciembre de 2003, párr. 11, en el cual el Comité expresó preocupación por la “situación precaria de las comunidades indígenas en el Estado Parte, las cuales afectan su derecho a la auto-determinación según el artículo 1 del Pacto”.

[3] Caso del Pueblo Saramaka, Op.Cit. párr. 99.

[4] Artículo 1.   Obligación de respetar los derechos.   1.   Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[5] Artículo 21.   Derecho a la Propiedad Privada.   1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.   2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.   3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

[6] Caso del Pueblo Saramaka, Op.Cit. párr. 130.

[7] Al utilizar el término (plan de desarrollo o inversión) la Corte supone cualquier actividad que pueda afectar la integridad de las tierras y recursos naturales dentro del territorio Saramaka, en particular, cualquier propuesta relacionada con concesiones madereras o mineras.

[8] Caso del Pueblo Saramaka, Op.Cit. párr. 130.

[9] Idem, párr. 135.

[10] Ver http://www.edlc.org/es/resources/local-votes/countries/peru/ Consultada el lunes 20 de abril de 2009 a las 14:22 horas.

1 comentarios:

Gonzalo Andres

Muchas gracias Carlos por este tipo de post, que ya va en la tercera entrega nos hemos enterado sobre la necesaria participación de las comunidades indígenas con relación a sus tierras... Abrazos y te agradezco compartir esta información con nosotros

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