domingo, 10 de mayo de 2009

Consulta Comunitaria y Participación Democrática (Parte II)

1.1) Unidad del Estado en la adversidad cultural del Caso Sipakapa

 El Pueblo Maya de Sipakapa en Guatemala, realizó el 18 de junio de 2005 una consulta comunitaria de buena fe en contra de la explotación minera de la transnacional goldcorp, puesto que el Ministerio de Energía y Minas no les consultó sobre la autorización de derechos mineros en su territorio.   A continuación, comparto una propuesta de cómo debe interpretarse el derecho de consulta cuando el gobierno central no lo respeta.

Quiero responder algunas preguntas que siempre me hacen en el caso de Sipakapa: ¿Quién debe realizar la Consulta? El Ministerio de Energía y Minas, en su defecto, la Corporación Municipal o las Autoridades Comunitarias ¿A quién debe consultarse? Al Pueblo Maya sipakapense ¿Cuándo debe realizarse la Consulta? Previo a cualquier tipo de autorización para la exploración y explotación minera de los recursos naturales dentro del territorio sipakapense ¿Es vinculante el resultado? Sí, es de cumplimiento obligatorio para el Estado, quién debe hacerlo respetar.   Veamos cómo funciona.

El Ministerio de Energía y Minas en representación del Estado, debió garantizar la participación efectiva del Pueblo Maya sipakapense a través de una consulta de buena fe acerca de la autorización del proyecto minero, además, por ser un proyecto a gran escala –Megaproyecto-, debió obtener el consentimiento libre, previo e informado para poder autorizar la explotación de los recursos naturales mineros de su territorio.   Al no haberlo hecho, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco denegó a los sipakapenses su derecho a existir como pueblo indígena, despreciando la relación especial que tienen con los recursos naturales dentro de su territorio.

Ante el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas, el Consejo Municipal y las Autoridades Comunitarias de Sipacapa organizaron la consulta[1].   La consulta no fue previa, puesto que la licencia sobre derechos mineros en territorio sipakapense ya se había otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, lo cual significa que la licencia es ilegal, y en consecuencia todos aquellos actos que se han derivado de la misma.

La empresa presentó recursos legales para impedir la consulta, dos días antes de realizar la consulta el Concejo Municipal fue notificando por un juzgado de primera instancia de amparo que la consulta no se podía realizar.   Ante esta situación el Alcalde informó a las autoridades comunitarias que tenía que suspender la consulta porque si no lo podían procesar.   Un día antes de la consulta el mismo Concejo Municipal recibió otra notificación, ahora de la Corte de Constitucionalidad donde se les decía que la consulta no se suspendía.   Sin embargo, el Alcalde decidió que la consulta no se realizaba.   Con esta posición se reunieron las autoridades comunitarias con otras organizaciones que sí les apoyaban, realizaron consultas, dialogaron, y consensuaron que sí llevarían a cabo la consulta.

Votaron 2,564 personas, de las cuales el 98% votó en contra de la minería.   De las 13 comunidades que conforman el Municipio de Sipacapa, 11 votaron en contra, una votó a favor y una se abstuvo de votar[2].

Esta manifestación de voluntad a través de la consulta comunitaria, es la que debe interpretarse como consentimiento previo, libre e informado, aunque en este caso ya no pudo ser previo debido a que la licencia minera ya había sido otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.

Como el resultado fue negativo, debe interpretarse que NO se otorgó el consentimiento para la explotación minera de los recursos naturales en su territorio.

Aunque la consulta y el consentimiento no fueron previos por parte del Ministerio de Energía y Minas, sí fueron libres e informados por parte de las Autoridades Comunitarias.   Como ya lo expresé, conforme al código municipal las Autoridades Comunitarias forman parte del Municipio al igual que el Concejo Municipal, y el Municipio es parte del Estado, por tanto, si el Ministerio de Energía y Minas no realiza una consulta conforme al Convenio 169 de la OIT o la Convención Americana de Derechos Humanos, está activando las normas del código municipal para que sea el Concejo Municipal el autorizado a realizarla en representación del Estado, si el Concejo no lo hace le corresponderá a las Autoridades Comunitarias proceder con la consulta en representación del Estado[3].

Esta es la Unidad del Estado en diversidad cultural guatemalteca en cuanto al derecho consultivo.  Ante la oposición de uno de los elementos del sistema se activan otros con mayor legitimidad y representatividad cultural y democrática.

En cuanto al Convenio 169 de la OIT si bien es cierto que no autoriza el veto a las medidas administrativas y legales que afecten a los Pueblos, sí regula expresamente que la Consulta de buena fe debe llevarse a cabo por el gobierno para lograr un Acuerdo, por tanto, sin Acuerdo entre el Pueblo afectado o Comunidades afectadas y el gobierno, no debe haber autorización gubernamental, lo contrario significa que la consulta es de mala fe.   Por eso el artículo 16 del Convenio no se refiere a desalojos, sino a traslado o reubicación, los cuales sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

En todo caso, la discusión sobre el carácter obligatorio de los resultados es irrelevante en cuanto a la Convención Americana, porque la Consulta de buena fe es un requisito previo a la licencia minera al igual que el consentimiento previo, libre e informado, además de las otras dos garantías ya mencionadas.   El acento debe ponerse sobre el cumplimiento de las 3 garantías previas al otorgamiento de derechos mineros en territorios indígenas o tribales.

Quiero dejar claro que las consultas deben ser organizadas y llevadas a cabo por las autoridades comunitarias y no por las ONG’s, incluso hay quienes proponen que la consulta debe realizarse a las organizaciones que representan a las comunidades, lo cual considero un grave error porque el Convenio 169 de la OIT no dice nada acerca de eso, si no al contrario se refiere a las instituciones representativas de los Pueblos como también lo hace la Corte Interamericana.   El papel de las ONG’s y otras organizaciones debe limitarse a acompañar, facilitar y asesorar el proceso consultivo.   Uno de los principales objetivos de las consultas es el fortalecimiento de la autoridad comunitaria para contribuir a la solidez del tejido comunitario.

En conclusión, desde el momento en que se otorgó la licencia sobre derechos mineros sin haber llevado a cabo –previamente- la consulta, la Mina está operando ilegalmente en Guatemala, sin embargo, ante el incumplimiento del Ministerio de Energía y Minas, le sucedió el Concejo Municipal, a quien le sucedieron y las Autoridades Comunitarias, cumpliendo con el deber del Estado de Guatemala de consultar de buena fe al Pueblo Maya sipakapense sin haber obtenido su consentimiento para la explotación minera de los recursos naturales de su territorio, por tanto, la licencia minera debe ser anulada por el Ministerio de Energía y Minas, proceder al cierre de la mina y a las medidas de reparación culturales y socio-económicas que las comunidades afectadas determinen.


[1] El artículo 65 del código municipal regula las “Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.”

[2] Centro Pluricultural para la Democracia –CPD- y Consejo de observancia y verificación de los derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Sistematización de las experiencias de consultas comunitarias sobre el tema de minería, en los municipios de Sipacapa, San Marcos y Colotenango, Huehuetenango. AGENCIA IDEE MEDIA, agosto 2008, p. 35.

[3] El artículo 8 del código municipal determina como elementos básicos del Municipio: a) la población; b) el territorio; c) la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción; d) la comunidad organizada; e) la capacidad económica; f) el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar; g) el patrimonio del municipio.


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