domingo, 3 de mayo de 2009

Consulta comunitaria y participación democrática (Parte I)

En representación del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente[1], presento ante el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua –REDLAR-[2], el tema consulta comunitaria y participación democrática.

 El principal objetivo es poder trasladar la experiencia sobre las consultas comunitarias especialmente de Guatemala, las cuales se están constituyendo por un lado, en un movimiento social-comunitario, por ejemplo, en Guatemala se calcula que son más de 500,000 personas las que se han movilizado y votado; por el otro lado, ya es un cuerpo normativo en pleno desarrollo protegido por el derecho internacional de los derechos humanos en la región interamericana.

 En este contexto, la resistencia comunitaria que ha tomado forma regional en los últimos años, consolidándose a través de las consultas comunitarias-municipales, está generando una correlación de fuerzas sociales dirigida a equilibrar la relación de poder por la defensa de los territorios y recursos naturales.  

 En el caso de la represa Xalalá a gran escala en Guatemala, dentro de las causas del fracaso de la licitación según declaraciones públicas, está la falta de control del gobierno sobre las comunidades del lugar, parece que las empresas no quisieron arriesgar su inversión.

 De la resistencia comunitaria debe partirse para la lucha contra el racismo para conservar la integridad de los territorios y sus recursos naturales.

 La resistencia comunitaria, adquiere el carácter de oposición política y jurídica, se constituye en una de las vertientes del derecho a la autodeterminación de los pueblos, exigiendo el reconocimiento a sus autogobiernos históricos, demostrando su capacidad para conservar los recursos naturales ecológicamente equilibrados.

 Mientras la ideología del racismo[3] persista en los Estados, las autorizaciones administrativas y judiciales que afecten los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas continuarán sin reconocer el derecho  de consulta.   No reconocer el derecho de consulta de los pueblos indígenas es racismo.

 Es la consulta la que se constituye como mecanismo de conducción democrática entre las comunidades indígenas y el gobierno, es decir, un mecanismo descolonizador.   Sin consulta a las comunidades sólo queda una función pública vacía de sustento democrático, rellena de racismo.

 Es lo que el PNUD en su Informe de desarrollo humano del 2005 sobre la diversidad étnico-cultural para la ciudadanía en un Estado plural llamó, racismo estructural[4].

 La remoción de las estructuras racistas en los Estados, pueden ser impulsadas a través de políticas públicas que respeten, promuevan y fortalezcan las consultas comunitarias de buena fe entre el gobierno y los pueblos indígenas.

 En resumen, parto del contexto de que las consultas comunitarias de buena fe son el principal mecanismo para garantizar relaciones sociales en armonía, y en contra del racismo y la impunidad ambientales.

 Con esta base desarrollo en la presente un apartado sobre las consultas en Guatemala para dar a conocer algunos elementos legales que puedan contribuir para otros pueblos, luego explico el estado actual del derecho comunitario interamericano, esperando les pueda ser útil.

 1) Consultas comunitarias de buena fe en Guatemala

 Hasta marzo de 2009 en Guatemala, se habían realizado 35 consultas comunitarias de buena fe contra la minería, la explotación petrolera, y la construcción de hidroeléctricas a gran escala.   Las consultas han significado la participación de más de 500,000 personas[5].

 En Iximulew-Guatemala, las consultas de buena fe están reguladas ancestralmente en las comunidades Mayas.   Según el pluralismo jurídico guatemalteco, las consultas siempre han estado vigentes en las comunidades, sus decisiones están legitimadas a través de la socialización de información, el diálogo, y el consenso.   Lo que los instrumentos en derechos humanos llaman, el consentimiento libre, previo e informado.

 El pluralismo jurídico está reconocido en el código municipal, expresando en el artículo 2 que, el Municipio es la unidad básica territorial del Estado, caracterizada por relaciones permanentes de multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.

 Señala el artículo 8 del código municipal, que el Municipio está integrado por elementos básicos, como La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción.   También por la Comunidad organizada; el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar; y el patrimonio del municipio.

 El artículo 65 estipula que, cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

 El artículo 109 del mismo código, regula  que, el gobierno municipal establecerá, previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en los indicado en el Título IV, Capítulo I de este Código[6].

 El artículo 66 del mismo código expresa que, las modalidades de las consultas comunitarias indígenas, podrán realizarse con aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

 Las normas anteriores desarrollan diversas disposiciones constitucionales, especialmente el artículo 66, donde el Estado constitucionalmente reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

 Aunque no existe una ley de consultas en Guatemala, ni el desarrollo administrativo de las mismas, las regulaciones del código municipal, Convención Americana, y del Convenio 169 son suficientes para realizarlas.

 El sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, juega un papel importante en la configuración del modelo de procedimientos consultivos de buena fe en Guatemala.   Las comunidades organizadas en los Comités Comunitarios de Desarrollo –COCODES- se han encargado de impulsar la coordinación entre el Consejo Municipal y las comunidades, concretando la logística, los procedimientos, las autoridades, los observadores nacionales e internacionales, el dinero, etcétera.

 El derecho indígena ha jugado el papel integrador en cuanto a los mecanismos utilizados en cada consulta comunitaria, concretando las competencias respectivas hasta el día de la consulta y sus resultados.   El Comité Municipal de Desarrollo –COMUDES- ha sido el espacio de orientación política municipal que ha dirigido el trabajo consultivo en coordinación con los COCODES.   Cumpliendo con el artículo 26 de la ley de consejos de desarrollo en cuanto a que dicho sistema puede ser utilizado para llevar a cabo las consultas de los proyectos del Organismo Ejecutivo.

 Todas las consultas realizadas al día de hoy, han sido municipales, ninguna ha sido realizada por el gobierno central.

 La consulta de buena fe para obtener el consentimiento libre, previo e informado, debe llevarse a cabo previo a cualquier tipo de autorización en las tierras indígenas y sus recursos naturales, aún en aquellos que no sean propios pero que tengan acceso y utilicen.

 El gobierno debe ser cuidadoso, por que cuando una empresa gana una licitación para la construcción de una hidroeléctrica, lo hace porque firmará un contrato con el Estado para construirla, por ello, no tiene sentido hacer la consulta posteriormente a la licitación.   Si las comunidades afectadas se oponen, el contrato puede verse seriamente afectado, incurriendo el Estado en responsabilidad ante la empresa quien puede demandarlo.

 Por seguridad jurídica, la consulta a que está obligado el gobierno debe ser previa, y así, obteniendo el consentimiento libre e informado, proceder a la licitación.   En caso contrario, realizada la consulta sin haber logrado el consentimiento comunitario, no hay base legal para continuar con la licitación, si el gobierno insiste pude dar lugar a una acción legal de Amparo para agotar los recursos internos y entonces, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



[1] Carlos Estuardo Loarca Solórzano, guatemalteco, Licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Consultor del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente para el V Encuentro Mesoamericano REDLAR en Boquete, Panamá  22-25 de abril de 2009 http://www.edlc.org/es/

[2] http://www.redlar.org/ Consultada el lunes 20 de abril de 2009 a las 15:15 horas.

[3] Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

[4] “Esto es lo que se llama el racismo estructural, que no tiene que ser explícito para funcionar, sino que está inserto en la misma conformación actual de la sociedad y por ello, contribuye a la génesis y perpetuación de la desigualdad en el país.” P.15.

[5] Declaración del Consejo de Pueblos de Occidente de 24 de febrero de 2009.

[6] Información y participación ciudadana que regula del artículo 60 al 66 el derecho a la consulta de vecinos y el derecho a la consulta a las comunidades y autoridades indígenas del Municipio.

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