martes, 3 de febrero de 2009

Sobre los motivos para ser abogado

(DESDE EL PAÍS DE LA LIBERTAD)

Por John DOE*

(*) Este libelo fue escrito hace 15 años en New York, se han omitido las notas






I. INTRODUCCIÓN

I. Hay tantos motivos para ser abogado como para no serlo, aunque quizá haya más motivos para no serlo. Algunos de los motivos son, entre otros, querer ser abogado litigante, profesor, consejero de empresas, abogado de divorcios o de testamentos. Otro es querer ser juez. Y esto significa, entre otras cosas, decidir sobre la vida de muchas personas. O querer ser juez de la Corte Suprema, lo que significa decidir sobre muchísimas más personas.

Lo que nunca he podido entender, sin embargo, es por qué uno de esos motivos, en ciertos casos, está relacionado con ser una persona despreciable. Paso a explicarme.

Ser juez de la Corte Suprema, por ejemplo, puede significar varias cosas. Una de ellas es detentar un poder discrecional sobre un montón de pobres diablos, como, por ejemplo, la gran mayoría de los perseguidos penalmente. Y digo sobre un montón de pobres diablos porque no es sobre todos. La Corte menemista, como VERBITSKY ha demostrado en su libro Hacer la Corte, ha sido una buena muestra de que hay cosas que no se hacen y personas que no se tocan. Su obsecuencia con el poder ejecutivo ha sido patética. Todo fue posible en las comarcas del menemismo después del fin de la historia, y nada indica que las cosas vayan a cambiar sustancialmente durante el reinado del futuro suegro de SHAKIRA. Pero no es a la voluptuosa argentina menemista a quien me quiero referir, sino a la Corte Suprema del gran país del norte.

II. El gran país del norte, símbolo de la libertad para muchos de los liberales vernáculos, que jamás han entendido lo que significa el liberalismo, se caracteriza, en los últimos tiempos, por una severidad inusual en cuanto a la justicia penal se refiere. Por otra parte, es justo destacar que muchas de las injusticias cometidas a diario por el sistema de justicia penal estadounidense son viejas prácticas cuyos orígenes datan de épocas inciertas. El racismo con que se construyen muchas de las decisiones diarias de la justicia penal, en todas sus instancias —legislativa, ejecutiva y judicial— es un fenómeno analizado por un sinnúmero de trabajos e investigaciones. El bien intencionado esfuerzo de los autores citados, sin embargo, en muchos casos se limita a señalar lo que es autoevidente.

En los últimos años ha habido un endurecimiento discursivo a nivel de la más alta instancia jurídica de ese dichoso país, en el que la dicha se reparte, entre otras razones, según las coloraciones de la piel, más o menos inequitativamente.

En cuanto a lo discursivo, no hacen falta las sutiles disquisiciones de la teoría crítica para develar los oscuros significados de los instersticios de ciertas decisiones jurídicas. En la tierra de la libertad se acostumbra a llamar a las cosas por su nombre, y poco queda por descubrir tras las abiertas confesiones de quienes poseen el don de la palabra con fuerza de ley. No se necesita ningun criminólogo crítico para develar las oscuras intenciones del sistema de justicia penal de transformar al “desviado” en individuo productivo en el marco de una economía capitalista. Mientras estuvo en boga la teoría resocializadora, se ha sostenido, sin ninguna vergüenza, que el fin de la pena es obtener “buenos pagadores de impuestos”, frase que pocos juristas de otros países se atreverían a pronunciar con tanto desparpajo. En la actualidad, con la moda de la teoría de la prevención-especial negativa, se sostiene abiertamente que hay que sacar de las calles a los delincuentes por el mayor tiempo posible.

Tampoco se necesita denunciar que la justicia penal funciona sobre la base de las confesiones —como en nuestro aniquilosado pero, en definitiva, “garantista” , sistema inquisitivo—, porque las confesiones son necesarias y positivas, entre otras cosas, por tornar a los acusados más “virtuosos”. Y ésta no es una afirmación de un desconocido guardiacárcel o de un policía “apretador”, sino de uno de los jueces más respetados de la Corte Suprema (SCALIA).

Al mismo tiempo que se mantiene el juicio de partes efectivamente contradictorio y por jurados, que todos conocemos a través de la películas hollywoodenses, y que puede ser calificado, en principio, como un modelo de juicio razonable, la racionalidad del sistema pasa por otros carriles, puesto que más del 90 % de los acusados son condenados sin juicio alguno . Es llamativo advertir que numerosos autores que han estudiado el derecho penal estadounidense se hayan limitado a describir algunas de sus virtudes, mantenidas, quizá, al solo efecto simbólico y, a la vez, hayan dejado de lado las prácticas y reglas jurídicas que han llevado a este país a ser el país con la más alta tasa de población carcelaria del mundo, con más personas negras en prisión que la Sud-África del aparttheid.

En los 60' y 70', diversos fallos de la Corte Suprema pusieron serios límites a los métodos por los cuales el Estado podía llevar adelante la persecución penal. Sin embargo, muchos de los aspectos más terribles del sistema fueron dejados de lado. Especialmente, en esta etapa, la Corte se dedicó a salvaguardar ciertas garantías procesales.

Las cuestiones sustantivas jamás fueron consideradas. Tampoco fue considerado el problema de las condenas sin juicio a través de la práctica del plea bargaining. Se ha señalado el efecto coercitivo del plea bargaining. Se ha llegado, incluso, a comparar ese efecto coercitivo con la tortura: “Existe una diferencia entre triturar los miembros del acusado que se rehúsa a confesar y agregar algunos años de prisión a quien se rehúsa a confesar, pero la diferencia es cuantitativa, no cualitativa. La práctica del plea bargaining, como la tortura, es coercitiva” . Frente a la sentencia más severa —el aumento de la pena puede ser del 40 %— que se impondrá al imputado que va a juicio, se origina un efecto coercitivo que presiona al imputado para que admita su responsabilidad. En este contexto, se afirma que los estadounidenses han duplicado la experiencia de la Europa medieval de la Inquisición, que fundaba la atribución de culpabilidad en un sistema de confesiones . La única diferencia del sistema de los EE.UU. consiste en que el sistema inquisitivo europeo concentraba el poder en la figura del “juez” inquisidor, mientras que el plea bargaining concentra el poder en las manos del fiscal .

III. Los nuevos tiempos trajeron una nueva Corte y, con ella, muchas de las garantías resguardadas se disolvieron a través de decisiones que no sabían cómo explicar que había que dejar de lado los pronunciamientos anteriores que, en el sistema jurídico anglosajón, son supuestamente vinculantes . Con la nueva Corte, uno de los ministros que venía arrastrando disidencias desde la vieja época pasó a ser mayoría y a imponer sus decisiones como ley suprema del país. Sus decisiones, a partir de aquí, pudieron afectar a millones de personas .

A pesar de que en nuestro ámbito jurídico se recuerda a la Corte Suprema Federal estadounidense por creaciones como la regla de exclusión de prueba obtenida en violación de garantías constitucionales, o las reglas MIRANDA sobre la confesión, las creaciones de estos jueces exceden ampliamente este campo. En primer lugar, todas las recientes decisiones se han ocupado de destruir, prácticamente, la regla de exclusión y, básicamente, de dejar en claro que, en los nuevos tiempos, la función de la Corte es la de garantizar que cualquier método es bueno para “luchar” contra el delito o, lo que es lo mismo, contra ciertos “delincuentes”. La jurisprudencia constitucional, por decirlo de algún modo, se ha personalizado.

Una de las cosas que llama la atención al analizar los fallos más recientes es la sistemática recurrencia a la muletilla de que las garantías constitucionales fueron pensadas para proteger a los inocentes, cuando toda la evidencia histórica señala lo contrario. Pero, como es común en aquellos lugares, vayamos a los casos.

Una de las primeras medidas para destruir la regla de exclusión está relacionada con la forma en que se introduce la prueba en el juicio. Un elemento probatorio, en el juicio estadounidense, se puede ofrecer como prueba sustantiva —es decir, para probar la existencia de un hecho controvertido— o, también, para atacar la credibilidad del testigo. Así, por ejemplo, si un imputado confesó en sede policial, pero no fue advertido de su derecho de no declarar, la confesión así obtenida no puede ser introducida como prueba sustantiva, para probar el hecho que se le atribuye. Pero si el imputado decide declarar y dice, por ejemplo, que él no cometió el delito, el fiscal puede ofrecer la confesión para atacar su credibilidad. Y, de este modo, el jurado escuchará la confesión completa. Por supuesto que también escuchará la instrucción del juez que dirá algo así como: “Ustedes escucharon que el imputado dijo ‘yo maté al fulano’, pero sólo pueden tomar en cuenta esa frase para decidir la credibilidad del imputado respecto de su declaración durante el juicio, en la cual afirmó ‘yo no maté al fulano’, y no para decidir si es culpable o no”. Resultado, doce jurados que gritan “culpable”. El argumento para introducir la confesión en este tipo de supuestos es que el imputado no tiene derecho a cometer falso testimonio —puesto que en este sistema, el imputado declara bajo juramento de decir verdad—.

Numerosos ejemplos de excepciones a la regla de exclusión de la prueba obtenida en violación a garantías constitucionales derivan del nuevo y exclusivo fundamento dado a la regla: la posibilidad de prevenir futuras violaciones . Mientras queda en el olvido la posibilidad de prevenir futuras violaciones al derecho penal a través del derecho penal mismo, se discute minuciosamente la inutilidad preventiva de varios casos de exclusión de prueba obtenida por medios ilícitos. Las elaboraciones de la nueva Corte sólo sirven para sostener que lo único que no se puede prevenir son las nuevas excepciones. Cada caso que llega a la Corte tiene un doble y perverso efecto: perjudicar al imputado que reclama en ese caso y, también, perjudicar a todos los futuros imputados que se enfrenten a esa violación de sus derechos.

Una de las nuevas excepciones creadas es la “doctrina” del descubrimiento inevitable, que conduce a un resultado más que paradójico. Cuando el Estado obtiene la prueba por medios ilícitos, pero, a la vez, era casi seguro que iba a obtener el resultado lícitamente, la prueba resulta admisible. En la racionalidad exclusivamente preventiva de la Corte, el mensaje significa algo así como: “si de todos modos podrían obtener lícitamente esta prueba, no se preocupen mucho por hacerlo realmente” o, dicho de otro modo, “el Estado no puede violar los derechos constitucionales del imputado, a menos que los haya violado y que hubiera podido no violarlos”.

IV. Pero lo hasta aquí narrado resulta una sutileza en comparación con lo que habría de venir. En un caso que suena a ficción jurídica argentina-menemista-delarruista, se decidió la constitucionalidad de una regla que determinaba la cantidad de años de la sentencia que debía imponerse al condenado teniendo en cuenta la cantidad de droga involucrada en el hecho. El problema planteado era que, en el caso del LSD —no nos referimos al tema “Lucy in the Sky with Diamonds”, sino al ácido lisérgico—, la regla preveía que debía tomarse en cuenta no sólo el peso de la droga en sí, sino, además, el del medio o sustancia que la contenía —puesto que el LSD habitualmente no se comercializa en estado puro, sino con alguna otra sustancia—. La ley cuestionada conducía a los siguientes resultados: si el LSD estaba en estado puro, 100 dosis valían, por ejemplo, cinco años de prisión; pero si estaba mezclado con otra cierta sustancia, diez dosis valían veinte años. La Corte sostuvo que la ley era acorde con la Constitución. La única voz racional que se alzó fue la de un juez del tribunal de apelación (el juez POSNER) que había intervenido anteriormente en el caso, y que opinó que basar la sentencia en el peso del medio que contenía la droga tenía tanto sentido como basar la sentencia en el peso del acusado. Un profesor universitario, tras esta decisión, se preguntó si, en el supuesto caso de que el LSD hubiera sido encontrado sobre el asiento de un automóvil, habría habido que pesar el automóvil o sólo el asiento.

Esta Corte también decidió que no era una decisión discriminatoria del fiscal recusar a cuatro individuos negros del jurado porque el acusado era otro individuo negro, obteniendo así un jurado de doce blancos, con el argumento de que el fiscal hubiera recusado a los blancos si el acusado era blanco, a los hispanos, si hispano, y a los orientales, si oriental. En resumen, una suma de discriminaciones es una “no-discriminación”. La facultad, según la Corte, era del fiscal. Más allá del hecho de que la decisión implica que un negro no puede ser imparcial cuando se juzga a otro negro —porque esto es lo que tal selección afirma—, la decisión deja de lado el significado que tiene la existencia del jurado como institución —independientemente de que estemos de acuerdo con ella—. Además, todas las investigaciones empíricas a las que son tan afectos en el país del norte señalan la importancia de la composición racial del jurado para, a través de sus prejuicios, aumentar las posibilidades del Estado de obtener una condena .

Un sinnúmero de decisiones pueden llamar la atención de quienes creen en la racionalidad de ese sistema jurídico. Un acusado por robo con arma que, según el jurado, sólo es culpable de robo e inocente del uso del arma atribuido en la acusación, puede ver aumentada su condena en años en la etapa de sentencia —la sentencia se decide en una audiencia posterior al juicio—, sólo porque un rumor convence al juez de que efectivamente usó el arma, a pesar del veredicto del jurado . Un acusado de producción de cierta droga elaborada con una sustancia muy difícil de conseguir, puede ser condenado después de que un agente del gobierno proveyó esa sustancia. Un acusado, y otro acusado, y otro acusado. En el país de las acusaciones, el acusador siempre tiene razón, y la Corte dará razones para sostener su razón, porque, aunque tengan problemas para alojar tantos prisioneros, siempre habrá lugar para uno más.

V. Pero el motivo de este artículo no se vincula con los culpables. Y con esto no quiero parecerme a la Corte, sino cuestionarla en los que podrían considerarse sus propios términos. Siempre me provocaron escozor esas películas que muestran terribles condiciones de encierro carcelario, al mismo tiempo que la historia conduce al encierro de un pobre individuo inocente que, en este contexto, sufre tanto como los demás, sólo que no lo “merece”, o no es tan duro como los culpables para soportarlo. La cárcel es uno de los peores inventos de la humanidad, y poco importa a quiénes encerremos en ella. Pero la historia viene a cuento para mostrar los curiosos valores de una de las personas con más poder en aquél, el país de la libertad.

En el caso del homicidio de un policía, en un confuso episodio en un bar, donde varias personas atacaron a la policía cuando pretendía detener a alguien, la situación terminó con un intercambio de balazos en aras de detener ya no se sabe a quién. Tampoco nadie supo quién había disparado el tiro que finalmente mató al policía, pero el muerto, antes de morir, disparó a una de las cincuenta o sesenta personas presentes. Ergo, aquel a quien el muerto disparó antes de morir debía ser quien lo había matado. Gran conclusión policial gran. Sólo que dejó de lado la pequeña presunción policial de que todos somos culpables, probablemente porque en este caso resultaba inadecuada.

Automáticamente apareció un policía dispuesto a afirmar que había visto que la persona que recibió el disparo del policía antes de que aquél muriera, fue quien había disparado al policía finalmente muerto. Y el homicidio de un policía, como pronto veremos, es cosa seria .

La única "prueba" de que el acusado fue quien matara al policía era la declaración del otro policía y, además, el procesamiento, que en EE.UU., como en cualquier otro lugar, es prueba y garantía de culpabilidad en sí mismo. Mientras tanto, la persona que efectivamente había disparado contra el policía y, por lo tanto, haba causado su muerte, se mudó a otro estado. Al tiempo volvió y firmó una confesión, afirmando que él había sido quien lo había matado. Además, al día siguiente al episodio, le contó a tres amigos distintos que había sido él quien matara al policía. En este punto, se inició un procedimiento en contra de esta persona, el verdadero autor del homicidio. Sin embargo, el culpable logró que los cargos contra él fueran archivados, alegando una historia inventada.

Mientras tanto, la persecución contra el “principal sospechoso” seguía su curso, aunque éste negaba toda responsabilidad en el hecho. Y se llegó, finalmente, al juicio. En el juicio contra el inocente y supuesto homicida, declararon los policías pero, debido a ciertas reglas del procedimiento del estado en el cual el juicio tuvo lugar, el confeso —el verdadero autor— no pudo ser debidamente interrogado por el defensor del acusado, y tampoco se pudo introducir el testimonio de los tres testigos a quienes el que mato al policía había contado los hechos. El peritaje había determinado que la bala era calibre 32. Mientras el acusado nunca había tenido un arma, el confeso arrepentido había contado a uno de los testigos descartados que se había desprendido de su 32 para no resultar involucrado en los hechos. Toda esta información, que demostraba inequívocamente la inocencia del acusado, estaba en conocimiento del fiscal.

A pesar de ello, el fiscal no sólo no decidió iniciar una investigación para determinar la eventual responsabilidad del culpable confeso, sino que, además, se opuso, en el juicio, a la introducción de todas las pruebas que hubieran permitido demostrar la absoluta inocencia del acusado. Es importante señalar que, según las reglas de procedimiento aplicadas, de no ser por las objeciones del fiscal, la prueba habría sido admitida. También es importante señalar que, por lo general, en un juicio estadounidense, entre testimonios contradictorios de la policía y el acusado, el jurado sabe a quién elegir. Y el jurado, sin defraudar las expectativas de ningún sociólogo, salió de la sala de deliberación con un veredicto de culpabilidad.

El acusado, ahora condenado, recurre, y el tribunal de alzada no hace lugar al recurso. La corte suprema del estado tampoco, a pesar de que ambos tribunales pudieron apreciar directamente las pruebas que no pudieron ser vistas por el jurado. Estas pruebas consistían en: a) la confesión del verdadero culpable, bajo la forma de una declaración jurada, en la cual admitía haber matado al policía; 2) las declaraciones de tres testigos, amigos íntimos del confeso, en las que admitían que el culpable había reconocido frente a ellos haber matado al policía; 3) la declaración de uno de los testigos anteriores en la que manifestaba que el culpable le había informado que se había deshecho del arma con la cual había matado al policía y que, por ese motivo, se había comprado otra arma; y 4) la declaración de otro de los testigos anteriores, en la que contradecía la versión del culpable, vertida en el juicio, en la que afirmaba haber estado con el testigo bebiendo en otro bar en el momento de los hechos.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema Federal. Este tribunal, por diversas consideraciones relacionadas con lo que debe ser un juicio justo acorde con la Constitución, invalidó la condena y obligó al estado a realizar un nuevo juicio, en el que se permitiera la introducción de los testigos de la defensa. No se pronunció, sin embargo, sobre la condena que debería haber merecido el fiscal.

En el fallo, sin embargo, hubo una nota discordante. Una disidencia del ministro REHNQUIST, uno de los más conspicuos sostenedores de que las garantías constitucionales son para los inocentes. Una disidencia de, exactamente, 1.822 palabras. De esas 1.822 palabras, extrañamente, ni una sola de ellas se refirió a la injusticia de condenar a un inocente. Toda su disidencia, que comenzaba con la incomprensible afirmación de que, si hubiera considerado el fondo del asunto, no habría encontrado motivo alguno para compartir el criterio de los demás miembros de la Corte, se dedicó a explicar por qué, según el 28 U.S.C. § 1257(3), la Corte Suprema no debía haber considerado el caso por cuestiones formales.

II. DESARROLLO

Fiscales, jueces, ministros. Y todo para qué. Quién sabe, quizá la sabiduría popular tiene razón sobre los abogados. Pero tal vez no. No estoy seguro y, por eso, no me animo a arriesgar un juicio. Pero soy abogado.

III. CONCLUSIÓN

Lo que no quiero ser es un miserable hijo de puta. Y mucho menos demostrarlo en 1.822 palabras.

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