miércoles, 19 de noviembre de 2008

Un caso del derecho a la libre determinación indígena

En Guatemala, los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca no promueven la división territorial para el reconocimiento de sus derechos colectivos, lo hacen a partir del reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos.

De ahí que, la libre determinación se ha dirigido históricamente al fortalecimiento del poder local, como reducto de la cosmovisión, donde las municipalidades han desempeñado un rol importante, aunque con serias limitaciones por el modelo de partidos políticos, lo cual, no ha impedido que alcaldes indígenas asuman las alcaldías.

Esta situación está generando grandes problemas a la administración pública del gobierno nacional, puesto que el mismo está dominado por la oligarquía que disputa las riquezas naturales de los territorios indígenas, y la mano de obra barata, de común acuerdo con las transnacionales.

La disputa se está centrando constitucionalmente en cuanto a los límites y alcances de las funciones municipales. La cuestión es si existen dos administraciones públicas aunque constitucionalmente no se regule así, la administración pública del gobierno central y la administración pública municipal.

La administración pública del gobierno central regulada constitucionalmente como uno de los poderes del Estado el poder ejecutivo, y la administración pública municipal con autonomía constitucional.

En el municipio de Sipacapa donde se ubica históricamente el pueblo maya sipakapense, lucha por el respeto de su territorio y recursos naturales, siendo liderada por el alcalde municipal. En dicho caso, se enfrentaron ante la Corte de Constitucionalidad ambas administraciones, la del gobierno central defendiendo la explotación minera de las transnacionales y la municipal a favor de su consulta de buena fe donde se determinó por el voto comunitario el no a la explotación minera. La municipal llevó la peor parte, puesto que la Corte dio audiencia a otras entidades estatales todas a favor del gobierno central quien obtuvo el favor de dicha jurisdicción, aún en contra del Tribunal Supremo Electoral quien firmemente defendió la constitucionalidad de la consulta y su carácter vinculante.

La libre determinación del pueblo de sipakapa la dieron las 13 comunidades que la conforman municipalmente y sus líderes y lideresas, cuando el anterior alcalde se negó a reconocer el derecho de consulta de buena fe conforme al código municipal y el Convenio 169 de la OIT. Luego de la deliberación entre las autoridades comunitarias sipakapenses, procedieron a realizar por su propia cuenta las consultas de buena fe en cada comunidad por medio de sus asambleas comunitarias, desarrollando sus propias autoridades comunitarias los respectivos procedimientos para someter a consulta si estaban de acuerdo con la explotación minera desarrollada en su territorio por la empresa Montana, aplicando sus propias normas participativas que variaron en las diferentes comunidades. Decidiendo 11 de las 13 comunidades, que no estaban de acuerdo con dicha explotación. Luego las autoridades indígenas designadas por las asambleas comunitarias entregaron los resultados al alcalde municipal quien se vio obligado a aceptarlas, homologando los resultados por medio de un acuerdo municipal.

Las prácticas anteriores están fundamentadas en el derecho indígena sipakapense y en el código municipal el cual reconoce en el artículo 8 como elementos del municipio, entre otros, a las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción, y el derecho consuetudinario del lugar. Lo cual se refuerza con varias disposiciones del código pero en especial la del artículo 66 con respecto a las modalidades de las consultas comunitarias al referirse a la aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

Tal reconocimiento legal del pluralismo jurídico guatemalteco, y su efectiva práctica, valedero estratégicamente por medio de la autonomía municipal constitucional, es lo que está dando cabida a las consultas de buena fe, como mecanismo de participación directa en los asuntos públicos, apoyadas por el Convenio 169 de la OIT que según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad al ser un tratado en derechos humanos, tiene preeminencia sobre la legislación ordinaria, por ejemplo la ley de minería; lo cual implica toda una reformulación de la juridicidad del sistema judicial oficial.

A esto se debe sumar el reconocimiento legal en la ley de idiomas nacionales, la cual establece que el idioma oficial es el español, pero que el Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. En el caso que nos ocupa, todas las actuaciones municipales en Sipacapa son en castellano, pero las principales deliberaciones y consultas comunitarias se llevaron a cabo en el idioma maya sipakapense.

Es decir, deliberaciones y participación por medio de autoridades, procedimientos y normas indígenas mayas sipakapenses en su propio idioma, homologadas administrativamente por la autoridad municipal como máximo órgano oficial del poder local. ¿Será esto la libre determinación de un pueblo? Creo que sí.

Esto parece ser una de las modalidades, tal vez la principal hasta ahora, sobre la materialización del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Fortalecer la autonomía constitucional del poder local oficial más cercano a las comunidades, parece ser el objetivo.

Estas regulaciones y prácticas, están desarrollando el nuevo modelo multicultural guatemalteco a partir del ejercicio de los derechos políticos de las comunidades indígenas, dando muestras ejemplares de coordinación entre los sistemas jurídicos existentes.

Consulta de buena fe como mecanismo de coordinación intercultural

La autonomía constitucional municipal está dando paso a las consultas de buena fe como mecanismos de democracia directa donde la representación recae en las autoridades comunitarias que lideran tales ejercicios. Todo el sistema político con sus leyes y grandes órganos con grandes presupuestos decaen ante la libre determinación de aquellos pueblos que siempre encuentran las formas de canalizar su resistencia ante la opresión.

Pueblos que ajenos a la democracia occidental, encuentran en ella disposiciones que les favorecen para hacerse oír, ver y sentir. No la evaden ni la desprecian, la asumen con proyección estratégica para recuperar sus derechos colectivos. La democracia participativa y deliberativa, está encontrando eco en aquellos pueblos subalternos que se mantienen al acecho de la solidaridad.

Las consultas comunitarias de buena fe conforme al Convenio 169 de la OIT deben ser en la actualidad el principal mecanismo de relación intercultural entre los pueblos, las naciones y los Estados.

2 comentarios:

Gonzalo Ramirez Cleves

Buen post Carlos ayer estabamos discutiendo con colegas si la autodeterminación consiste solo en la independencia... pero es el poder de decir sobre sus propios asuntos... Aqui en Colombia se presento un caso emblematico, el caso Uwa en donde del mismo modo que la minera en Guatemala, los indigenas no aprobaron la explotacion de su petroleo

Aqui algo

http://74.125.45.132/search?q=cache:ztEitfG6-LEJ:www.observatorioetnico.org/descarga/2ep08.pdf+uwa+aquiles+ungar&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co&client=firefox-a

Carlos Loarca

Yo también estoy discutiendo con unos amigos y amigas, si para los indígenas la tierra es una manifestación cultural, lo cual tiene implicaciones para el contenido prestacional del derecho a la cultura, y por tanto la estructura de los derechos fundamentales sociales en un modelo multicultural de los ddhh. La Corteidh ha reiterado el carácter prestacional del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, tutelándola a partir del art. 21 de la Convención Americana, formulado originalmente para la protección de la propiedad privada. Según parece se configura un cuerpo normativo comunitario interamericano como un paradigma diferente al dominante. Estoy muy interesado en profundizar sobre el contenido del derecho a la cultura en estos términos.

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