miércoles, 29 de octubre de 2008

PRÓLOGO AL LIBRO ""PENA DE MUERTE"


A continuación reproduzco el prólogo de un libro contra la pena de muerte (Bovino, Alberto (comp.), Pena de muerte, Ed. Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1998.

El libro fue publicado hace ya diez años en Guatemala, mientras trabajaba como consultor en la Fundación Mack, pero los seres humanos somos duros de entendederas...

ABovino








Prólogo

1. La lucha contra la impunidad

La República de Guatemala se encuentra, en este particular momento histórico, desarrollando un compromiso de paz de especiales características, para lograr poner fin a treinta años de violencia política. Sin importar, por el momento, la atribución de responsabilidades políticas, jurídicas o institucionales, respecto de los sucesos históricos concretos que este país ha sufrido, lo cierto es que el ansia de paz popular es un dato que, afortunadamente, constituye un elemento de esta realidad. En este marco, resulta ineludible construir un marco social, político y jurídico adecuado para el desarrollo del proceso de paz, y dicha obligación recae sobre todas las personas que, de un modo u otro, son capaces de influir en el acontecer de nuestra realidad política.

A partir del reconocimiento de esta realidad, la Fundación MYRNA MACK, además de ocuparse del tratamiento de los hechos ya acontecidos —propios de nuestro pasado reciente—, ha decidido atender a la manera en que deben ser atendidos los problemas actuales y futuros que afectan a la sociedad guatemalteca. Uno de estos problemas, indudablemente, es el de los altos índices de criminalidad e impunidad, especialmente cuando se trata de la impunidad de los poderosos. El compromiso de nuestra institución en la lucha cotidiana contra estos problemas ha caracterizado las diversas actividades que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra existencia como persona jurídica organizada.

Ahora bien, debe quedar claro que nuestra lucha contra la impunidad no pretende ser realizada a cualquier precio pues, como también hemos dejado claro, ella sólo resulta posible en el marco del respeto efectivo de las reglas del Estado de derecho moderno. A través de la expresión sintética referida a “las reglas del Estado de derecho” hacemos mención a todas las exigencias fundamentales impuestas no sólo por el derecho constitucional de nuestros países, sino también por el derecho internacional de los derechos humanos. Todas estas exigencias mínimas, en la actualidad, son consideradas, según la opinión de la comunidad internacional, como presupuestos normativos necesarios de todo Estado que pretenda constituirse como Estado de derecho, conforme a las pautas fundamentales de la organización del Estado moderno.

La lucha contra la impunidad, entonces, no justifica el uso de cualquier método. Por el contrario, la legitimidad de esta lucha se funda, precisamente, en el hecho de que ella se estructure alrededor del respeto efectivo a los derechos individuales de las personas reconocidos expresamente por las reglas del Estado de derecho. Además de esta exigencia, la lucha contra la impunidad requiere la aplicación efectiva de ciertas sanciones penales, cuya aplicación concreta depende del cumplimiento de todos los recaudos formales vinculados al concepto genérico de debido proceso en el marco del procedimiento penal.

El concepto de “debido proceso” —en relación a la justicia penal—es un concepto amplio, de difícil definición, que abarca todas y cada una de las exigencias jurídicas que deben ser respetadas por las reglas del procedimiento penal. En realidad, este concepto carece de sentido si su contenido no es desarrollado a través del análisis y definición de cada uno de los elementos que lo componen. En este sentido, el concepto de “debido proceso” no abarca más que el contenido y alcance de cada una de las distintas garantías y derechos, expresamente reconocidos en el ordenamiento jurídico, referidas a la protección de las personas sometidas a persecución penal.

2. El Estado de derecho como regulación de la convivencia social

La experiencia histórica concreta de este país es una prueba acabada de las terribles consecuencias que derivan de la falta de apego a ciertas reglas mínimas de convivencia social, tales como, por ejemplo, las reglas fundamentales del texto constitucional. A partir del reconocimiento de una situación extraordinaria de emergencia, relacionada con el enfrentamiento armado, las autoridades del Estado decidieron aplicar una política pública de contrainsurgencia no sometida a regla jurídica alguna. Los resultados están a la vista, y durante años constituirán materia de discusión, análisis y reflexión para la sociedad guatemalteca. Por estos motivos, se pretende, en la actualidad, alcanzar, al menos, dos objetivos. Por un lado, se intenta dar alguna clase de solución a los terribles hechos acontecidos durante el desarrollo del enfrentamiento armado. Por el otro, se trata de someter a las autoridades del Estado, tanto para la solución de estos problemas concretos como para cualquier otra situación conflictiva, a las reglas del Estado de derecho.

El aspecto más importante de cualquier solución posible, en este contexto, se relaciona con la necesidad de someter a las autoridades públicas al cumplimiento y respeto efectivos de ciertas reglas mínimas referidas al ejercicio del poder estatal. Así, se trata de que el Estado respete ciertas pautas básicas, establecidas precisamente para restringir y orientar el ejercicio práctico de su poder, en el tratamiento y consideración de los diferentes problemas sociales. El concepto central —propio de la limitación al poder estatal— del Estado de derecho se reduce al reconocimiento de la necesidad de respetar ciertas reglas mínimas de convivencia social de manera regular, más allá de los aspectos circunstanciales de la realidad social y política de un momento determinado.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando las personas o los poderes públicos pretenden cambiar este conjunto de reglas básicas para atender a las particulares circunstancias de una coyuntura determinada? En este tipo de situaciones, la decisión de dejar de lado el conjunto de reglas básicas vacía completamente de sentido la decisión anterior que pretendió atribuirles tal calidad. La decisión originaria sólo adquiere sentido en la medida en que, frente a diversas coyunturas, este conjunto de reglas básicas permanezca vigente. El sentido de la continuación de la vigencia de estas reglas, en este contexto, consiste en establecer ciertas pautas mínimas que regulan la convivencia social que deben ser respetadas en todo momento y circunstancia, sin importar las particularidades o problemas propios de una situación social determinada.

El reconocimiento más acabado de las bondades del Estado de derecho expresado en el ordenamiento jurídico se manifiesta en las disposiciones del texto constitucional y, también, de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, tanto las constituciones políticas como los instrumentos internacionales establecen una serie de límites y exigencias que limitan, regulan y someten a control el poder estatal. Tales restricciones se establecen para operar como límites del poder público de modo general, es decir, frente a todas las situaciones posibles. Por este motivo, no se puede admitir que, frente a determinadas situaciones, se invoquen las particularidades de la coyuntura para desconocer las exigencias impuestas por disposiciones normativas que regulan dichas pautas mínimas de la convivencia social.

3. Estado de derecho y pena de muerte

El Estado de derecho impone a la convivencia social diversas exigencias. Estas exigencias representan, por un lado, el reconocimiento de determinados derechos a favor de las personas y, por el otro, el sometimiento de todos los órganos del Estado al deber de cumplir con ciertas obligaciones en relación a la posible afectación de estos derechos. Un buen ejemplo de las exigencias del Estado de derecho es, precisamente, el conjunto de reglas referidos a la cuestión de la pena de muerte. El derecho guatemalteco vigente contiene diversas reglas jurídicas sobre esta cuestión en el texto constitucional, en instrumentos internacionales de carácter convencional y, también, en el Código Penal.

Las exigencias a las que se somete el Estado de Guatemala en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, entonces, son consecuencia de la libre decisión de su poder constituyente, de las autoridades estatales que asumieron voluntariamente obligaciones internacionales y del poder legislativo. Estas decisiones libres y soberanas del gobierno guatemalteco expresaron, de modo inequívoco, la voluntad de adoptar, mantener y respetar determinados principios fundamentales referidos a la pena de muerte, aplicables a toda situación futura.

Ello significa que Guatemala no puede, de ningún modo, ignorar tales principios —considerados fundamentales en el régimen jurídico de la pena de muerte— atendiendo a las circunstancias particulares de la coyuntura social. Los principios limitadores de la pena de muerte, entonces, han sido establecidos para ser respetados, de manera general, en toda situación social. Ello es claro en el derecho vigente en el ámbito interno, pues todas las disposiciones constitucionales y legales referidas a la pena de muerte imponen sus exigencias de modo general, sin hacer mención alguna a supuestos o situaciones excepcionales que autoricen a ignorar tales exigencias.
En conclusión, resulta imprescindible que aun aquellos que estén de acuerdo con la pena de muerte reconozcan que el Estado de derecho exige el cumplimiento efectivo de ciertas obligaciones para la imposición legítima de la pena de muerte. Si el Estado de derecho impone exigencias a la imposición de toda sanción penal, por leve que ésta sea, con mucho mayor razón se imponen exigencias especiales para el caso de la pena de muerte. Por este motivo, tanto el derecho interno como el derecho internacional establecen requerimientos especiales para la pena de muerte.

4. Pena de muerte y presión social

Diversos actores sociales han presionado, en los últimos tiempos, para apoyar una aplicación más extendida de la pena de muerte. Una de las peores consecuencias de esta presión social ha sido la decisión legislativa de ampliar la aplicación de esta pena a delitos que no la contemplaban al momento de entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —v. gr., secuestro de un menor de doce años—. La misma presión social ha cuestionado a los tribunales que, correctamente, revocaron la imposición ilegítima de la pena de muerte prevista en estas nuevas figuras delictivas.

El amplio apoyo popular de la pena de muerte ha provocado, en este sentido, declaraciones irresponsables de miembros del gobierno. Así, con fundamento en la grave crisis de seguridad ciudadana, de la cual el partido en el poder es directamente responsable, se postula la pena de muerte como solución efectiva. Además de ello, y lo que es más grave aún, se discute públicamente la posibilidad de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las limitaciones que ella implica para una más amplia aplicación de la pena de muerte.
En este contexto, es más necesario que nunca exigir el respeto de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone al Estado para imponer la pena de muerte. También es necesario, por otra parte, discutir la falsa racionalidad y efectividad de la pena de muerte como herramienta político-criminal de un Estado democrático de derecho moderno. Esta particular situación social y esta presión popular nos obligan, de modo ineludible, a resistir, cada vez con más fuerza, la tendencia favorable a la pena de muerte.

Es, precisamente, en situaciones sociales como la actual donde los principios democráticos del Estado de derecho y la función del poder judicial adquieren mayor sentido. La democracia reconoce, de modo obvio, la voluntad de las mayorías. Sin embargo, no tolera la opresión de las minorías. Los derechos fundamentales de las minorías —y de las demás personas— deben ser respetados, tanto por los miembros de la mayoría como por los órganos estatales. En caso contrario, la minoría sólo puede recurrir al poder judicial para obtener la protección de su derecho.

Los límites que impone el Estado de derecho respecto a la pena de muerte, en consecuencia, no pueden ser eliminados por la simple voluntad de la mayoría. Cuando estas exigencias surgen del texto constitucional o del derecho internacional, aun el poder legislativo carece de facultades para neutralizarlas. La principal obligación del poder judicial, en casos de pena de muerte, consiste en velar celosamente por el respeto efectivo de todas y cada una de estas exigencias. La tarea judicial consiste, por un lado, en verificar que las reglas legales se ajusten a las disposiciones normativas de mayor jerarquía jurídica —v. gr., tratados internacionales y Constitución— y, por el otro, en controlar que la actividad procesal se desarrolle en estricta conformidad con las especiales exigencias previstas para los casos de pena de muerte.

5. Pena de muerte y política criminal

A pesar de la tremenda popularidad actual de la pena de muerte, nuestra institución está profundamente convencida de su ilegitimidad e inefectividad como herramienta político-criminal de un Estado de derecho. Es posible —y deseable— instrumentar una política criminal democrática y legítima, capaz de combatir el terrible fenómeno de la impunidad, orientada a la prevención efectiva del delito, sin recurrir a la pena de muerte. Es más, se puede afirmar que la pena de muerte no sólo no sirve para lograr este objetivo, sino que, por el contrario, representa un serio obstáculo para alcanzarlo.

La irracionalidad e inhumanidad de la pena de muerte, sin embargo, no ha impedido que el Estado de Guatemala continúe recurriendo a ella, cada vez más, para tratar de “solucionar” determinados conflictos sociales. Con esta política, no sólo se deja sin solución alguna ciertos casos penales, sino que, además, se incentiva y profundiza la cultura de la muerte.

6. Contenido del libro

Frente a la persistencia de la pena de muerte en la legislación vigente —y hasta tanto se logre su abolición— resulta necesario, al menos, lograr que se respeten de modo efectivo las exigencias impuestas por el Estado de derecho. Por este motivo, la FUNDACIÓN MYRNA MACK publica este libro, cuyo principal objetivo consiste en difundir las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente de este país para la regulación legal y la aplicación judicial de la pena de muerte, y, también, en promover el reclamo de que se cumplan con ellas en los casos judiciales.

En primer lugar, se incluye la opinión de la FUNDACIÓN MYRNA Mack que fue leída por la Lic. Helen MACK en el foro público que la institución realizó sobre este tema. Este pronunciamiento, en esta ocasión, obtuvo la adhesión de varios organismos de derechos humanos que allí se citan. En segundo término se reproduce el texto enviado por Rigoberta MENCHÚ con motivo del foro mencionado.

El primer trabajo que se publica corresponde al profesor español GIMBERNAT ORDEIG y consiste en una crítica político-criminal de la pena de muerte. A pesar de su brevedad, la agudeza de sus argumentos lo tornan una lectura recomendable. El segundo trabajo, escrito por ESPONDA, se ocupa de desarrollar los fundamentos, antecedentes y manifestaciones de la posición abolicionista de Naciones Unidas referida a la pena de muerte. Se incluyen valiosas referencias normativas que pueden resultar útiles a la hora de litigar casos de este tipo. A continuación, el trabajo de MALDONADO detalla las obligaciones del Estado de Guatemala derivadas del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y de la Convención Americana. Más allá de la calidad intrínseca de su texto, el trabajo es importante porque proporciona elementos esenciales para defender casos de pena de muerte tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional del sistema interamericano. El siguiente trabajo, redactado por quien escribe esta presentación, se dedica a analizar algunas cuestiones que pueden ser materia de discusión en el litigio de casos concretos, en relación a la legislación penal vigente en Guatemala, es decir, a ciertos problemas generadas por la aplicación de la pena de muerte a casos particulares. Por último, LÓPEZ PULEIO se ocupa de algunos aspectos problemáticos planteados por la reforma legislativa que extendió la pena de muerte a ciertos supuestos de secuestro que no la contemplaban al momento de entrada en vigor de la Convención Americana. La brevedad del texto coincide con la calidad de los argumentos que contiene.

A continuación de estos trabajos, que constituyen la parte central del libro, se agrega un Anexo Documental. Allí se incluye una Declaración de varios Estados, entre ellos Guatemala, contra la pena de muerte. Le sigue el instrumento de Naciones Unidas dedicado a las salvaguardias requeridas para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte. El tercer documento es la Opinión Consultiva OC-3/83 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referido al significado de la prohibición convencional de extender la pena de muerte a nuevos delitos. También se agrega un informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Guatemala. Finalmente, se reproduce parcialmente el capítulo dedicado a Guatemala del Informe Anual de la Comisión Interamericana del año 1996. La mayoría de estos documentos fueron escogidos especialmente por resultar útiles para defender personas que pueden ser, o han sido, condenadas a muerte.

En síntesis, el contenido de este libro pretende brindar herramientas jurídicas para restringir al máximo la aplicación de la pena de muerte en el litigio de casos judiciales y, también, para lograr el respeto efectivo de todas las exigencias requeridas para su imposición legítima. Esta pretensión se basa en la firme creencia acerca de la inutilidad social y de la crueldad de la pena de muerte, circunstancias que la tornan manifiestamente inadecuada para instrumentar una política-criminal eficiente, democrática, respetuosa del Estado de derecho y capaz de combatir la impunidad.


Alberto Bovino
Diciembre de 1997, Guatemala

4 comentarios:

Gonzalo Ramirez Cleves

Colombia sigue cometiendo los mismos errores que hace 20 años se dierón en Guatemala cuando escribiste este prólogo... hoy destituyerón a 3 generales, 11 coronoles y otros oficiales y suboficiales, hasta un número de 27 por violación de los derechos humanos, desapariciones forzosas y asesinatos...

http://www.cambio.com.co/portadacambio/800/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4633176.html

Gonzalo Ramirez Cleves

Aqui parte de la noticia

¨Incluso para un presidente como Álvaro Uribe, que ha acostumbrado a los colombianos a realizar acciones inesperadas y audaces, la purga militar que anunció este miércoles en la mañana tiene connotaciones históricas. Llamar a calificar servicios a tres generales, 11 coroneles y 13 oficiales y suboficiales más, es un hecho nada usual y aun menos en uno de los períodos más exitosos del Ejército. Están frescos en la memoria contundentes golpes a las Farc y, no por coincidencia, la imagen positiva de las Fuerzas Armadas está en 85 por ciento.

En consecuencia, la purga significa que el escándalo generado por el asesinato de 11 jóvenes de Soacha que fueron presentados por el Ejército en Ocaña como muertos en combate con la guerrilla, estaba creciendo demasiado¨

Gonzalo Ramirez Cleves

El último de la cadena

¨Hace tres semanas, CAMBIO publicó un informe de portada sobre 111 casos semejantes que investiga la Procuraduría y otras entidades de la Justicia, y esta semana el fiscal general Mario Iguarán revela en una entrevista (ver artículo siguiente), que el organismo tiene 820 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciadas entre enero de 2003 y septiembre de 2008¨

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